Por: Oscar Javier Forero (*)
Hoy 15 de agosto de 2016, los venezolanos y venezolanas despertaron con la noticia del incremento de entre 80 y 150% del transporte urbano y suburbano, un incremento que ya había sido anunciado con antelación por los propios transportistas, pero que había sido pospuesto para tratar de llegar a un acuerdo con gobierno y usuarios, donde evidentemente son estos últimos los más perjudicados dentro de la cadena de comercialización de bienes y servicios.
Anterior a la ejecución de esta
subida del transporte, se anuncia un incremento en el ingreso de los
trabajadores y trabajadoras, pasando este de 33.636,15 a 65.056,60 bs. lo que
representa un 93,41% en términos porcentuales y lo que ante las actuales
circunstancias de la economía venezolana, donde se posee un dólar paralelo
sobre estimado, con precios de bienes que superan los costos de los mismos
productos del exterior, junto con la recién anunciada reapertura de la
frontera, favorecerá (aunque no en los términos esperados) el ingreso del
trabajador y trabajadora, tan golpeados en los últimos tres años.
No obstante este incremento del
transporte ha caído muy mal dentro de la colectividad en general, pues en
primera medida no se encuentra autorizado por los entes competentes, en este
caso Alcaldías y Ministerio de Transporte y en segunda medida se presenta antes
de que se haga efectivo el incremento salarial, el cual comienza a correr desde
el mes de septiembre (El aumento debió de ser decretado desde el mes de agosto
o julio y no desde septiembre).
Sin ánimos de pretender defender o
victimizar al sector transportista, mucho menos a los distintos gremios
patronales (denominados sindicatos de transporte) que hacen vida a lo largo y
ancho de la geografía nacional, es justo decir que si bien nuestra gasolina
continua siendo la más económica del mundo, y en conjunto con otras facilidades
como la casi inexistencia de peajes, abaratan los costos de los mismos, por
otra parte, los repuestos, cauchos, lubricantes y demás aumentan de manera
estratosférica.
Esta situación se debe a un factor en
particular: El transporte, así como los pequeños y medianos comerciantes
representan el penúltimo escalón de la cadena de comercialización de bienes y
servicios, es decir, los transportistas deben transferir buena parte de sus
ingresos diarios en comprarle al distribuidor de repuestos, cauchos,
lubricantes y baterías, el cual especula con toda la voracidad que lo hace el
mercado ante nosotros los asalariados. En pocas palabras, el transportista no
es un enemigo, guarimbero, perpetrador de la “Guerra Económica”, especulador o un sinfín de epítetos más; el
transportista en todo caso es parte de ese mismo pueblo que se encuentra
ahorcado por una economía altamente especulativa, que busca apropiarse de la
riqueza de los que menor fortaleza económica y políticamente hablando poseen.
Cuando digo transportista me refiero
al pequeño transportista, al que vive en el barrio, al que va al mercado
popular, el que desde las 4am se encuentra en la calle, el que llega a su hogar
a las 10pm, el que sufre penurias semejantes al asalariado, el que añora que
haya un sistema de seguridad social que dignifique al transportista, en ningún
momento me refiero a los grandes dueños del transporte, esos que aprovechándose
del trabajo ajeno poseen decenas o hasta centenares de autobuses y gandolas.
Es por lo tanto un error, que hayan
voceros y voceras del gobierno nacional, así como ciudadanos de a pie, que vean
como un enemigo al transportista, pues se desvirtúa la visión de revolución,
puesto que en todo momento nuestro ataque, nuestras luchas y nuestra atención
se debe centrar en derrotar política y económicamente a los dueños del capital
y no a quienes son tan pueblo como nosotros, esa debe ser la razón de ser del
chavismo, esa debe ser la premisa de la revolución, entender que este proceso
histórico no se trata de “chavistas contra opositores” sino de pobres contra
ricos.
Una vez aclarada
este punto, ¿Que debe hacer entonces el gobierno nacional?
Es evidente que el Gobierno Nacional
no controla, ni podrá controlar (por lo menos en el corto y mediano plazo los
precios de los bienes y servicios), pues actualmente no tiene, ni ha querido
tener la capacidad política para ello; esto significa que podrán emitirse
decenas de decretos y resoluciones de precios que serán obviadas tanto por los
conductores como por los propietarios y hasta los propios usuarios, quienes,
por ser el eslabón más débil de la cadena, no tendrán más remedio que a
regañadientes aceptar los precios que impongan las líneas de transporte.
También es evidente y justo decir que
los incrementos en los precios del transporte no poseen por lo menos un estudio
minucioso sobre la estructura de costos, que pueda determinar un valor que
resulte medianamente favorable tanto para el transportista como para el
usuario. Una tarea pendiente que fácilmente podrían hacer los Ministerios de
Comercio y Transporte o alguna universidad de manera periódica y pública y que
sin duda alguna facilitaría la emisión de decretos y gacetas sobre el tan
polémico transporte urbano y extraurbano.
Particularmente considero que el
primer paso para establecer un valor aceptable para todos los sectores
involucrados es generar mesas de trabajo que sinceren el costo del pasaje y que
reconozca la labor significativa que realizan a diario transportistas en aras
de dignificar su extenuante faena, se hace necesario por ende que el
transportista comience a gozar de estabilidad laboral, de beneficios laborales,
de seguridad social, de planes de vivienda, y de principalmente hacer cumplir
la ley del trabajo, pues infinidad de choferes trabajan más de 14 horas al día,
convirtiéndose esta tarea en una actividad semiesclavizante.
Ante las condiciones actuales de
precios, que como ya se dijo, superan con creces los valores internacionales,
es muy probable que este arbitrario incremento se encuentre por encima de los
requerimientos reales de los transportistas (tomando en cuenta además de la
elevada especulación, los altos niveles de zozobra que existe en la calle), por
consiguiente se deben generar mesas de trabajo para que en primer termino se
evidencie la presencia del Estado venezolano como garante de los derechos de
los usuarios pero también garante de mejorar las condiciones de vida de los
transportistas, en especial los choferes; y como segunda medida, para comenzar
de una vez por todas a realizar estudios serios sobre las cadenas de costos de
la economía venezolana.
Con los actuales niveles de vida de
la población venezolana, incluyendo el incremento de salario recién anunciado,
se hace sumamente difícil cubrir las necesidades básicas de la población en
general, más aun cuando el valor del pasaje representa un importante egreso
para que los trabajadores y trabajadoras tengas que acudir a sus respectivos
espacios de trabajo a ser explotados por un patrón y un mercado que se
incrementa con una velocidad mucho mayor a los aumentos salariales.
Por ello considero pertinente que el
Presidente de la República, tomando en cuenta el reciente anuncio de eliminar
progresivamente el subsidio indirecto y transformarlo por un subsidio directo y
personalizado, debe incrementar y unificar el bono de transporte para todos los
trabajadores de la administración publica que perciban menos de dos (02)
salarios mínimos; dicho bono de transporte debería ser de por lo menos 4mil bolívares
mensuales, lo cual no representaría más de 144 millardos de bolívares, lo cual
no representa ni el 10% del total de excedentes de recaudación que genera el
SENIAT en un año.
Este subsidio iría sola y únicamente para
el sector público por varias razones:
1. Se evitaría una “nueva” justificación para incrementar precios por parte
del sector privado.
2. Obligaría al sector privado a generar estrategias para mejorar las
condiciones de traslado de sus trabajadores.
3. Mejoraría las percepciones de la población en general sobre la gestión de
gobierno.
4. Protegería (por lo menos en ese ámbito) el ingreso del trabajador y el
nuevo aumento salarial anunciado.
5. Garantizaría la asignación de un subsidio directo a quien realmente lo
requiera.
6. Mejoraría las condiciones de vida de los transportistas y de sus
familias.
7. Evitaría una posible paralización de la masa trabajadora, quien de seguir
estos incrementos de pasaje de la forma en que van preferirá quedarse en su
casa, pues tendrá que pagar casi el 100% de su ingreso mensual tan sólo para
movilizarse.
Si bien este tipo de acciones no frenaran la vorágine
especulativa que ahorca a los asalariados y a los pequeños y medianos
comerciantes (en este caso los transportistas), si pueden generar insumos y
estrategias que sirvan para poco a poco recobrar el poder adquisitivo que
tuvimos los trabajadores hace apenas un par de años.
(*) Economista social e investigador.
Twitter: @oscar_forero83
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