martes, 14 de agosto de 2018

La política venezolana de anclaje: Precios, bolívar soberano y salarios.


Por: Oscar Javier Forero



El Presidente de la República acaba de hacer un par de anuncios dentro de lo que se ha dado por denominar el Plan de Recuperación Económica, dicho plan, que requiere de muchas otras acciones para que sea efectivo, abarca la reconversión monetaria, el inminente cambio en la política de precios del combustible y el anclaje al petro de: Precios, nuevo bolívar soberano y salarios.

Pero ¿A qué se refieren con anclaje?
Básicamente el anclaje monetario consiste en atar el valor de un bien o servicio, en este caso el salario, los precios y la moneda, a otro bien de referencia (el petro) que tenga mayor estabilidad que los anteriores. Si este bien de referencia aumenta de valor, los bienes o servicios aumentaran, si el bien de referencia pierde valor, los bienes y servicios disminuirán.

Sobre el tema del anclaje en general han quedado un sinnúmero de interrogantes que han llevado a que a través de artículos y redes sociales se propaguen infinidad de informaciones que hablan de una rápida super-revaluación del bolívar frente al dólar, el peso colombiano y las demás divisas. Existen infinidad de operaciones, fórmulas y “conjuros” matemáticas que le han dado diferentes e hipotéticos valores al naciente bolívar soberano, no obstante el Ejecutivo Nacional, a la fecha, no ha oficializado método de cálculo alguno. Al contrario de lo que tanto corre como pólvora, los pasos que ha venido dando el equipo económico van direccionados a reconocer la tasa del mercado paralelo: La derogación de la ley de ilícitos cambiarios y el establecimiento de un DICOM para remesas muy próximo a la tasa “no oficial” (4.010.000,00 Bs x US$) dan fe de ello.

En anteriores oportunidades he mencionado que una hipotética revalorización del bolívar, más allá del espejismo que ofrezca la reconversión, no es viable, la tendencia, por largo rato será la depreciación. Entre otros motivos por tres aspectos fundamentales:
1.- Venezuela a la fecha no posee soberanía económica, lo cual es muy grave al momento de pretenderse tomar decisiones en el campo de la política monetaria y cambiaria. Es el equivalente a pretender manejar un vehículo sin contar con el volante ni los pedales.
2.- Si bien los países son soberanos en determinar el valor de su moneda nacional, esto no se decreta, sino que corresponde a una serie de variables que van desde las exportaciones, importaciones, reservas internacionales, liquidez monetaria, estabilidad política, entre otras. Un agravante a esta aseveración y que inválida por completa estas pretensiones es que, como lo dije en el punto anterior, Venezuela perdió desde hace muchos años su soberanía económica. Es Cúcuta y no Caracas, son Operadores Cambiarios y no el Banco Central de Venezuela los que determinan el valor del bolívar con referencia al patrón dólar.
3.- El petro no tiene valor. Más allá del precio asignado por el Ejecutivo (1 barril de crudo = 1 petro), éste no tendrá relevancia alguna mientras no circule en la economía. A manera de ejemplo un trabajador puede colocarle un valor de mil dólares por hora a su fuerza de trabajo o a su capacidad intelectual, pero mientras no haya ningún comprador (empleador) dispuesto a cancelar tal cantidad de dinero por los servicios de esa persona, el costo de contratar al trabajador será simple referencia. Lo mismo ocurre con el petro: Si no hay compradores dispuestos a aceptar el petro como forma de pago o si no hay inversionistas dispuestos a pagar cierta cantidad de dólares por un petro, su valor será una mera referencia. De igual forma he también mencionado que a nivel interno, dentro de la economía venezolana, el petro si podría circular y es lo que aparentemente el ejecutivo nacional ha decidido hacer. La experiencia y el modo de funcionamiento de las tarjetas y tickets de alimentación son un ejemplo del mecanismo por el cual podría circular, dentro de nuestras fronteras, la criptomoneda venezolana.

Dentro de los anuncios también se mencionó el de anclar al petro los precios, sobre este punto queda mucho por aclarar, primero porque la hiperinflación que azota a Venezuela es atípica (dadas sus múltiples variables endógenas y exógenas), a eso hay que añadirle que la colocación de distintos precios a un mismo producto, dependiendo si se paga en efectivo o por transferencia continuará puesto que el contrabando de billetes permanecerá intacto, pudiendo incluso aumentar, si tomamos en cuenta que a la fecha sólo el 0,9% del total de masa monetaria son billetes y, de acuerdo al Jefe de Estado, van a salir 10 veces más billetes. Por último y no menos importante, la política de control de precios de la manera tradicional como se ha desarrollado en los últimos 35 años (desde aquel viernes negro), no ha dado resultados. La política de precios obliga a efectuar rigurosos procesos de diagnóstico y planificación, identificando de manera detallada el mercado, su metabolismo, así como los distintos y enmarañados circuitos, para que de esta forma no se afecten a los dos agentes más débiles de dicho circuito: Productor y consumidor.

Podría atreverme a suponer, de acuerdo a lo poco que se ha dicho, que los precios tendrán que identificarse en bolívares soberanos y en petros, y que al estar el petro anclado al precio del barril de petróleo (que se tasa en dólares), estará de manera indirecta anclado al dólar evitando la depreciación tan súbita que, por lo visto, continuará teniendo el bolívar. Latinoamérica ha tenido experiencias semejantes: Brasil a mediados de los años 90 era agobiado por la hiperinflación y progresivamente sacó de circulación su moneda, el cruceiro, sustituyéndolo por el real brasileño. Cuba también tiene una experiencia similar con el Peso Cubano Convertible o CUC, que después del periodo especial ha logrado estabilizar su economía.

El tercer anclaje anunciado es el correspondiente al salario lo cual a todas luces es de las cosas más urgentes por atender, dentro de todos los aprietos que amenazan con estallar, en la economía venezolana. El atar los salarios al petro o a cualquier bien diferente al bolívar habría evitado la pauperización salarial y todo lo que ello implica: Deserción laboral, éxodo de venezolanos, fuga de talentos, cierres técnicos, entre otras.

Recientemente el economista Ingerzon Freites mencionaba que “de haberse anclado el salario mínimo de agosto de 2017 al cartón de huevos, donde se podían adquirir 276 unidades, el salario mínimo actual debería ser de 64 millones de bolívares”, este dato da una muestra de lo que se puede hacer anclando el salario de los trabajadores a cualquier bien monetario o de consumo.

El anclaje va a evitar que la hiperinflación, siga absorbiendo el ingreso de los trabajadores, pues por primera vez el aumento del dólar, aun cuando influirá en el bolívar, no afectará a la clase trabajadora. Esto nos debe conducir a progresivamente recuperar los salarios que, hasta hace unos años, tenía la clase trabajadora venezolana. Es evidente que la recuperación salarial va a llevar tiempo, sin embargo es un paso significativo que el ejecutivo reconozca un clamor nacional y tome medidas positivas, que van más allá del tradicional aumento salarial, que a pocas horas de anunciado ya ha sido expoliado por la estampida de precios.

Este anclaje salarial, impactará duramente en los más pequeños del sector privado que contratan una importantísima cantidad de trabajadores, por ello se requiere que desde ya el gobierno nacional cree algunos mecanismos que ayuden a los pequeños y medianos empresarios e industriales, a evitar que queden sin liquidez y caigan en banca rota, pues varios de ellos están resistiendo a los embates de la crisis para lograr mantenerse en el mercado y sortear, con algo de suerte, la reposición de mercancías.





miércoles, 8 de agosto de 2018

Crisis de hiperinflación en Venezuela


Por: Jorge Forero

La situación económica de Venezuela en la actualidad es calificada por expertos de diversas corrientes, como una nueva experiencia de crisis de hiperinflación en el mundo. Steve Hanke, una referencia mundial en la materia (de tendencia neoliberal), asegura que existe hiperinflación cuando la tasa de inflación supera el 50% mensual. De acuerdo con el autor, una inflación de 50% mensual, proyectada de forma anualizada, se calcularía aproximadamente en 13.000%.

Según estimaciones del FMI, para 2017 la inflación venezolana superó el 1000%, y su proyección para 2018 ubicó al indicador inflación en 14.000%. Más recientemente, el organismo financiero multinacional publicó nuevos pronósticos, los cuales plantean una inflación superior al 1.000.000% para 2018. Sin embargo, el mismo Hanke cuestionó y calificó de deslumbrantes, imposibles y falsas tales proyecciones, además de señalar como imprecisa cualquier tentativa de predicción de esa naturaleza[2].

§ Causas de la hiperinflación


Las corrientes liberales de economía argumentan que los fenómenos de hiperinflación son producto de dos fenómenos:

i) La emisión desproporcionada de dinero inorgánico, según esta tesis, ocurre cuando hay un aumento vertiginoso en la cantidad de dinero circulante que no está correspondido por un aumento similar en la cantidad de bienes y servicios existentes en la economía. Esta variable está relacionada con las políticas fiscales de gasto público, el cual según los postulados neoliberales debe reducirse al mínimo.

ii) La pérdida de confianza de los sistemas financieros de los Estados nacionales.

Estas corrientes, incluso postulan modelos de desarrollo o evolución del fenómeno que en teoría explicarían los procesos de hiperinflación, pero dichos patrones no son aplicables a todas las experiencias por dos razones esenciales. En primer lugar, porque existe gran diversidad en las causas estructurales y las condiciones económicas-políticas que producen estas crisis, las cuales han estado regularmente vinculadas a situaciones de guerra, de conmoción social y política, de crisis de endeudamiento, de profundos déficits fiscales y/o de devaluaciones; y en segundo lugar porque sus formas de evolución también han sido heterogéneas.

Las corrientes del pensamiento crítico por su parte, plantean que cada fenómeno de hiperinflación es expresión de circunstancias históricas y sociales concretas. Por tanto esas generalizaciones resultan arbitrarias y reduccionistas –se limitan a reconocer las variables monetaria y fiscal, y desconocen de manera intencionada elementos e indicadores vinculados orgánicamente con la producción tangible –no especulativa- y la capacidad de reserva de valor en la economía de un país.

 § Antecedentes globales


El fenómeno de hiperinflación venezolana se posiciona como la quincuagésima séptima experiencia de ese tipo registrada por la historiografía moderna. Los incidentes más sobresalientes hasta ahora han sido los sucedidos en:

- Alemania en la década de 1920 del siglo XX, con una tasa de hiperinflación de un billón por ciento (1.000.000.000.000%) en 1923, cuando un dólar americano llegó a cotizarse en dos billones de marcos alemanes;

- Hungría en 1946, país que experimentó una hiperinflación que se mantiene como el record hasta la actualidad, cuando ese indicador alcanzó los 41,9 trillones por ciento (41.900.000.000.000.000.000.000%);

- Zimbabue en 2008 -el caso notable más reciente-, cuyo zenit de hiperinflación se situó en 7960 millones por ciento (7.960.000.000%)[3].

Los casos de Alemania y Hungría estuvieron mediados por conflictos de amplio espectro –que se entienden como proceso y producto de las dos guerras mundiales del siglo XX-, mientras el caso de Zimbabue responde a una particularidad enmarcada por los estragos del colonialismo y el neocolonialismo en una economía dependiente y vulnerable.

En caso de Zimbabue es usado frecuentemente como ejemplo de las hipótesis neoliberales, pues según esas versiones, la hiperinflación de ese país se desató por la emisión desproporcionada de circulante monetario para cubrir el déficit interno. Sin embargo estos análisis resultan sesgados y reduccionistas porque desconocen –de manera intencionada- una carga histórica de problemas y distorsiones que prefiguraron la emisión monetaria referida, tales como la condición de colonia británica de ese país hasta 1980, cuya independencia formal como Estado nacional determinó la imposición de una deuda astronómica y de una economía atrasada y primaria (concentrada en una élite ligada a los intereses ingleses), orientada a la exportación de capitales. Además omiten el proceso de endeudamiento con el FMI –con su respectivo paquete de medidas- asumido por el gobierno de ese país a finales de los noventa, hasta su calificación de default. Las condiciones mencionadas fueron el caldo de cultivo de la crisis que inició en 2001, cuando el gobierno de Robert Mugabe decidió la confiscación por la fuerza de unidades productivas agrícolas –medida que agravó la depresión de la economía de ese país porque afectó la tasa de desempleo y precipitó mayores niveles de pobreza.

Por su parte, en América Latina los casos más significativos de las últimas décadas, sucedieron en: Bolivia en 1985, con un índice de 60.000%; Perú en 1990, con 7694%; Argentina y Brasil en ese mismo año con 3079% y 2751% respectivamente. Otros países de la región que han experimentado incidentes de hiperinflación son Nicaragua y Chile (enmarcados en situaciones de conmoción política).

§ El caso venezolano


Las características de la economía venezolana –una formación económico-social dependiente del ingreso petrolero, por ende regida por el mercado y el sistema financiero mundial, cuyo mercado interno está supeditado a las variaciones de ese ingreso para satisfacer sus necesidades mediante el flujo de sus importaciones-, han determinado una tendencia inflacionaria marcada y sostenida, por encima de dos dígitos desde la década de los setenta, e incluso de los tres dígitos en los noventa del siglo XX.

Por tal motivo, se puede afirmar que se trata de un problema sistémico de nuestra economía, pero es preciso profundizar en la materia porque a pesar de esa tendencia histórica, Venezuela no había experimentado hasta ahora una crisis de hiperinflación.

 § Hiperinflación venezolana: hipótesis y corrientes


El fenómeno de hiperinflación venezolana ha suscitado intensos debates para explicar sus causas. A continuación se presentan las hipótesis más reconocidas para explicar el fenómeno.

- La posiciones neoliberales (cuyos voceros principales son el diputado a la AN José Guerra y los analistas Luis Vicente León y Asdrúbal Oliveros), arguyen que el fenómeno es producto de la combinación de una crisis dada por dos errores sustantivos del gobierno: la emisión de dinero circulante –la denominada masa monetaria- para satisfacer el gasto público, así como una caída abrupta de la confianza en el marco normativo y las instituciones que regentan la economía del país, especialmente por políticas como las expropiaciones de modos de producción, el control de cambio y la inseguridad para la inversión y el flujo de capitales.

- Analistas de izquierda proclives a las tesis que ha postulado el gobierno hasta ahora (Pasqualina Curcio, Luis Salas, Juan Carlos Valdez y Andrés Giussepe, entre otros), plantean que la inflación venezolana es consecuencia de una devaluación inducida[4] por la presión de agentes económico-financieros transnacionales dirigidos por los Estados Unidos, por tanto, según sus postulados, la emisión de dinero no es una causa de la inflación y la devaluación sino una consecuencia de las mismas[5]. Según esta corriente, el control de cambio es fundamental para mantener la estabilidad económica del país y contener una nueva oleada de fuga de capitales[6].

- Mientras tanto, una corriente heterogénea de analistas de izquierda (con la cual nos identificamos en la presente reflexión), tales como Rodrigo Cabezas, Jesús Faría, Oscar Forero y Manuel Sutherland, coinciden en afirmar que la hiperinflación venezolana es un fenómeno multidimensional y multifactorial, producido por una carga histórica de problemas económicos estructurales y coyunturales, tales como: la dependencia al ingreso petrolero, la sobrevaluación del tipo de cambio[7] y la fuga de capitales, la emisión desproporcionada de circulante monetario, la crisis de endeudamiento y el déficit fiscal, la caída abrupta del PIB desde hace 17 trimestres, las distorsiones en las estructuras de costos de producción y distribución que afectan el mercado interno, por mencionar las más significativas.

Desde el punto de vista de la presente reflexión, la escalada de inflación desatada responde a fuerzas estructurales que se configuraron a partir de la recesión económico-financiera global de 2007-2008 y sus implicaciones sobre la economía nacional (esa recesión determinó algunos elementos que resultan sustantivos para comprender la depresión económica que determinó la crisis de hiperinflación, los cuales fueron alertados en su momento por Víctor Álvarez: la sobrevaluación del tipo de cambio y su influencia negativa sobre la productividad nacional y la consolidación de una lógica dependencia del mercado nacional en torno al flujo de las importaciones; el endeudamiento vertiginoso; y la concentración de esfuerzos de inversión-exploración en la faja petrolífera del Orinoco, ante la sobreestimación de las tendencias de la dinámica del precio del petróleo.

En particular el anclaje cambiario –con diferencial incluido en diversas tasas oficiales-, así como la depresión del PIB y el aumento exorbitante de la liquidez monetaria, terminaron de configurar las condiciones para el despliegue de la crisis de hiperinflación de la actualidad, la cual reproduce múltiples –nefastas y severas- consecuencias para la formación económico-social venezolana.

§ Perspectivas de los fenómenos de hiperinflación


Los casos de hiperinflación registrados han presentado una extensión temporal variable, la cual ha fluctuado entre los seis (06) y los veinticuatro (24) meses, es decir, se trata de situaciones coyunturales finitas en el tiempo. En situaciones particulares, como la de Brasil, la economía alcanzó posteriormente crecimientos extraordinarios –sustentados en una capacidad agroindustrial instalada de gran escala y un mercado interno de enormes proporciones. No obstante, en otras ocasiones, las lesiones de la hiperinflación no han sido superadas, como ha sucedido en los casos de Zimbabue y Grecia.

Los fenómenos de hiperinflación desarrollados en América Latina y el Caribe, de obligatoria referencia para Venezuela, fueron estabilizados mediante políticas de shock de signo neoliberal –los denominados paquetes o programas de ajuste estructural tan propugnados por los sectores liberales del país-, los cuales frenaron la hiperinflación pero derivaron en daños severos para las clases trabajadoras.

Sin embargo, otros casos han detenido la tendencia de hiperinflación a través de fórmulas diversas:

Alemania por ejemplo, en 1923 retiró del mercado su moneda nacional y mediante el Banco Central (El Reichsbank) ejecutó la emisión y circulación de una nueva moneda -respaldada en su capital fijo: tierras e industrias-;

Hungría recurrió a la emisión de una nueva moneda enmarcada en un plan intensivo de planificación y centralización de su economía, con lo cual pudo favorecer la producción nacional, corregir las distorsiones del mercado interno y contener la fuga de capitales que precipitó su proceso de hiperinflación;

Zimbabue, no aplicó ninguna política estructural para enfrentar la hiperinflación (se limitó a llevar a cabo continuas reconversiones monetarias con cambios nominales en el signo, con los cuales alcanzaron a utilizar un billete de cien billones de dólares de Zimbabue; y posteriormente se eliminó el signo monetario nacional y en ese país circula el dólar americano y otras monedas de la región, tales como el Rand sudafricano), hasta que la inercia produjo la llegada a una especie de punto mínimo o rebote que derivó en una deflación.

Perspectivas concretas para Venezuela


Desde las corrientes neoliberales internacionales se plantea como receta única la desaparición de la moneda nacional –con lo cual se reitera la visión monetarista del problema-, la moneda nacional sería sustituida por el dólar americano (esa es la recomendación explícita del citado experto Steve Hanke, quien sugirió y dirigió una política de ese tipo en Ecuador y Bulgaria).

Por su parte los neoliberales venezolanos referidos en el apartado anterior, afirman que la única, instantánea e infalible solución es un ajuste estructural: Según estas posiciones, se requiere de un plan de estabilización económica que consiste en una liberalización total de la economía en los ámbitos monetario y de inversiones, la privatización de activos públicos, el congelamiento de los salarios, la reducción al mínimo del gasto público –denominada de manera eufemística disciplina fiscal-, así como una política de incentivos fiscales para el capital (la terapia de shock utilizada por Pinochet en Chile y por Fujimori en Perú).

Desde el espectro del chavismo, las soluciones planteadas son diversas y en ocasiones expresan notables contradicciones en temas sustantivos como el control de cambio (mantenerlo, flexibilizarlo o eliminarlo), las políticas monetarias, las estrategias para la promoción de inversión extranjera, el pago de la deuda internacional (el dilema entre cancelar los compromisos para no perder más confianza o llevar a cabo una moratoria de pagos con una auditoria integral de la deuda), los mecanismos para la determinación de baremos de precios, salarios y ganancias, entre otras variables.

Lo cierto del caso es que en Venezuela no se han asumido medidas correctivas de signo estructural, ni en los términos de las tendencias planteadas, ni en términos de políticas innovadoras. Por el contrario, hasta ahora la política económica se había caracterizado por mantener una acción inerte y de omisión ante la hiperinflación –muy similar a la implementada en Zimbabue-. Tal situación se agravó con la imposición de sanciones financieras impuestas por el gobierno de Estados Unidos en agosto de 2017 (que es una continuidad de una tendencia de presión y hostilidad -dirigida por Washington- contra la economía venezolana, la cual fue instaurada desde la llegada de Hugo Chávez al gobierno en 1999).

La combinación de múltiples variables en el sistema financiero y el mercado internacional (especialmente el de los hidrocarburos), las hostilidades de origen internacional y la inercia mencionada, han desencadenado en una descapitalización del país, cuyos indicadores más notables son la megadevaluación de la moneda nacional, la fuga de capitales astronómica, el estancamiento de la producción nacional (con un despilfarro escandaloso de fuerzas productivas y de potenciales de renta), así como el aniquilamiento del valor de la fuerza de trabajo y con ello de las capacidades de satisfacción de necesidades básicas de las clases asalariadas.

A partir de las medidas anunciadas de manera superficial el pasado 26 de julio, se puede afirmar que el gobierno de Venezuela ha asumido la intervención de la situación actual a través de una nueva política económica. Todo parece indicar que el modelo formulado tiene afinidades de forma y contenido con la política de Alemania en 1923 (emisión de una nueva moneda: anclada y respaldada en commodities transables en el mercado de valores[8]), acompañada de una maniobra de certificación de reservas en oro (en convenio con Turquía), esto último con la intención de proyectar confianza y ofrecer garantías para obtener nuevas fuentes de financiamiento.

La política esbozada por el presidente Nicolás Maduro el referido 26 de julio, tiende a demostrar audacia táctica, pero además de estar condicionada por la capacidad de valorización del Petro en el mercado internacional (tema de gran complejidad a menos que se concrete con éxito una necesaria acción diplomática que permita anular las sanciones impuestas por el gobierno de los EE.UU.), resulta insuficiente para enfrentar de manera integral la crisis[9], si no se implementan enérgicas medidas de carácter estructural, tales como:

- El diseño de una Estrategia para la recuperación de la industria petrolera nacional: la fuente fundamental de divisas: más allá de la retórica ingenua de superación del modelo rentista petrolero; y la proyección en el mediano plazo de un reimpulso de la industria petroquímica.

- Una política de emergencia para la coordinación de planes y acciones orientados hacia la reactivación de las fuerzas productivas en los ámbitos industrial y agrícola, así como a las capacidades logísticas y tecnológicas para la distribución de bienes y servicios.

- La recuperación de los servicios públicos fundamentales (agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones, saneamiento ambiental), los cuales son vitales para el desarrollo de las fuerzas productivas industriales y agroindustriales, para el funcionamiento del tejido institucional, y para la satisfacción de necesidades esenciales de la población.

- Una política macroeconómica multidimensional para el fortalecimiento de las reservas internacionales.

- Una moratoria de pagos y una auditoría de la deuda internacional –que incluye una evaluación exhaustiva de los denominados bonos soberanos- y de las condiciones de pago del servicio de deuda.

- Una reforma fiscal drástica que revierta la tendencia regresiva del actual régimen tributario.

- El diseño de una estrategia para contener la fuga de capitales –el control de cambio ha demostrado que no controla y no cambia-, así como una auditoría de los capitales exportados durante los últimos años (como primera medida para estimar la factibilidad de repatriación de los mismos).

- Un plan rector de las inversiones internacionales sin menoscabo de los intereses estratégicos de la República.

- Una política de inversión de los ingresos en divisas –los cuales se deben recuperar de manera paulatina-, en áreas prioritarias de la economía nacional, así como en la satisfacción de necesidades básicas de la población, primordialmente de alimentación, salud y servicios públicos.

- Una política de amplio espectro para mitigar las distorsiones del mercado nacional –dadas por las asimetrías y la inviabilidad de estimar estructuras de costos en la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios-.

- Por último y no por ello menos importante, de crear y materializar una política para recuperar el poder adquisitivo de la clase asalariada, lo cual estimularía el mercado interno y potenciaría de manera objetiva y subjetiva un factor esencial para la capitalización: la fuerza de trabajo.

A manera de conclusión:


Los fenómenos de hiperinflación expresan problemas orgánicos de las formaciones económico-sociales, es decir, no se reducen a las dimensiones monetaria y fiscal (como pretenden hacer ver los neoliberales), sino que responden a distorsiones estructurales de las economías de los Estados nacionales en su relación con el sistema-mundo.

El análisis documental realizado permite establecer que Venezuela entró en una crisis de hiperinflación desde noviembre de 2017. Por tanto, hasta ahora ha transitado nueve meses en tal condición.

La hiperinflación es finita en el tiempo y existe una tendencia a alcanzar un punto mínimo que deriva en un rebote[10] de la misma (incluso sin intervenciones del Estado, tal y como sucedió en Zimbabue), y las fórmulas para superar la misma han demostrado ser diversas a lo largo de la historia. Lo más importante para determinar el método, es definir cuál es el objetivo estratégico, cuáles son los intereses que median y quiénes son los sujetos que deben ser el centro del plan de estabilización.

Las medidas anunciadas recientemente por el gobierno de Venezuela, parecen audaces y son un buen signo (de ruptura con la inercia), pero resultan insuficientes porque –desde otro enfoque- caen en el mismo error que las tesis liberales: el reduccionismo de creer que el problema de la hiperinflación se soluciona únicamente a través de la variable monetaria.

Se requiere de un programa integral de recuperación económica, con objetivos estratégicos y tácticos, procedimientos claros, plazos, metas y responsables explícitos, para detener la hiperinflación, así como sus nefastas repercusiones, y primordialmente para corregir los factores estructurales y coyunturales que le determinaron, de manera de lograr la estabilización y el reimpulso de la economía venezolana sobre la base del desarrollo de sus fuerzas productivas.

NOTAS:


[1] Investigador del Centro Internacional Miranda

[2] El economista norteamericano afirmó que el interés del FMI radica en lograr titulares de prensa, y fustigó los cálculos de inflación errados de ese organismo para 2017, en cuyos informes se publicaron estimaciones que ubicaban la inflación de ese año en 2200%.

[3] El caso de Zimbabue es usado frecuentemente como ejemplo de las hipótesis neoliberales, pues según esas versiones, la hiperinflación de ese país se desencadenó ante la emisión desproporcionada de circulante monetario para cubrir el déficit interno. Sin embargo estos análisis resultan sesgados y reduccionistas porque desconocen –de manera intencionada- una carga histórica de problemas y distorsiones que prefiguraron la emisión monetaria referida, tales como la condición de colonia británica de ese país hasta 1980, cuya independencia formal como Estado nacional determinó la imposición de una deuda astronómica y de una economía atrasada y primaria (concentrada en una élite ligada a los intereses ingleses), orientada a la exportación de capitales. Además omiten el proceso de endeudamiento con el FMI –con su respectivo paquete de medidas- asumido por el gobierno de ese país a finales de los noventa, hasta su calificación de default. Las condiciones mencionadas fueron el caldo de cultivo de la crisis que inició en 2001, cuando el gobierno de Robert Mugabe decidió la confiscación por la fuerza de unidades productivas agrícolas –medida que agravó la depresión de la economía de ese país porque afectó la tasa de desempleo y precipitó mayores niveles de pobreza.

[4] Tales análisis cuestionan el monetarismo de los neoliberales, pero desconocen el impacto negativo severo que tiene esa emisión de dinero sobre la economía nacional.

[5] Un análisis de tendencias en una línea de tiempo le otorga validez a esta hipótesis, pero la negación de los efectos nocivos de esa emisión de circulante resulta inexplicable, pues es evidente que ese nuevo flujo monetario produce un ciclo que es directamente proporcional con los indicadores de inflación y devaluación.

[6] Recientemente el diputado a la ANC Jesús Faría hizo públicas sus consideraciones respecto al carácter inviable y fútil del control de cambio en las condiciones actuales.

[7] Con el agravante de que desde 2014 se implementaron varias tasas oficiales de cambio con diferenciales abismales.

[8] Predecir el éxito o fracaso de esa medida es temerario, porque las condiciones del mercado mundial y del sistema financiero internacional son muy distintas, y porque Alemania ya había transitado por un proceso de industrialización que le permitió el desarrollo de fuerzas productivas y de tecnologías propias.

[9] La hiperinflación es apenas uno de los síntomas (el más violento y explícito) de una crisis multidimensional.

[10] Algunos investigadores de diverso signo ideológico, pronostican que ese rebote debe darse en el primer semestre de 2019.
La situación económica de Venezuela en la actualidad es calificada por expertos de diversas corrientes, como una nueva experiencia de crisis de hiperinflación en el mundo. Steve Hanke, una referencia mundial en la materia (de tendencia neoliberal), asegura que existe hiperinflación cuando la tasa de inflación supera el 50% mensual. De acuerdo con el autor, una inflación de 50% mensual, proyectada de forma anualizada, se calcularía aproximadamente en 13.000%.

Según estimaciones del FMI, para 2017 la inflación venezolana superó el 1000%, y su proyección para 2018 ubicó al indicador inflación en 14.000%. Más recientemente, el organismo financiero multinacional publicó nuevos pronósticos, los cuales plantean una inflación superior al 1.000.000% para 2018. Sin embargo, el mismo Hanke cuestionó y calificó de deslumbrantes, imposibles y falsas tales proyecciones, además de señalar como imprecisa cualquier tentativa de predicción de esa naturaleza[2].

§ Causas de la hiperinflación

Las corrientes liberales de economía argumentan que los fenómenos de hiperinflación son producto de dos fenómenos:

i) La emisión desproporcionada de dinero inorgánico, según esta tesis, ocurre cuando hay un aumento vertiginoso en la cantidad de dinero circulante que no está correspondido por un aumento similar en la cantidad de bienes y servicios existentes en la economía. Esta variable está relacionada con las políticas fiscales de gasto público, el cual según los postulados neoliberales debe reducirse al mínimo.

ii) La pérdida de confianza de los sistemas financieros de los Estados nacionales.

Estas corrientes, incluso postulan modelos de desarrollo o evolución del fenómeno que en teoría explicarían los procesos de hiperinflación, pero dichos patrones no son aplicables a todas las experiencias por dos razones esenciales. En primer lugar, porque existe gran diversidad en las causas estructurales y las condiciones económicas-políticas que producen estas crisis, las cuales han estado regularmente vinculadas a situaciones de guerra, de conmoción social y política, de crisis de endeudamiento, de profundos déficits fiscales y/o de devaluaciones; y en segundo lugar porque sus formas de evolución también han sido heterogéneas.

Las corrientes del pensamiento crítico por su parte, plantean que cada fenómeno de hiperinflación es expresión de circunstancias históricas y sociales concretas. Por tanto esas generalizaciones resultan arbitrarias y reduccionistas –se limitan a reconocer las variables monetaria y fiscal, y desconocen de manera intencionada elementos e indicadores vinculados orgánicamente con la producción tangible –no especulativa- y la capacidad de reserva de valor en la economía de un país.

§ Antecedentes globales

El fenómeno de hiperinflación venezolana se posiciona como la quincuagésima séptima experiencia de ese tipo registrada por la historiografía moderna. Los incidentes más sobresalientes hasta ahora han sido los sucedidos en:

- Alemania en la década de 1920 del siglo XX, con una tasa de hiperinflación de un billón por ciento (1.000.000.000.000%) en 1923, cuando un dólar americano llegó a cotizarse en dos billones de marcos alemanes;

- Hungría en 1946, país que experimentó una hiperinflación que se mantiene como el record hasta la actualidad, cuando ese indicador alcanzó los 41,9 trillones por ciento (41.900.000.000.000.000.000.000%);

- Zimbabue en 2008 -el caso notable más reciente-, cuyo zenit de hiperinflación se situó en 7960 millones por ciento (7.960.000.000%)[3].

Los casos de Alemania y Hungría estuvieron mediados por conflictos de amplio espectro –que se entienden como proceso y producto de las dos guerras mundiales del siglo XX-, mientras el caso de Zimbabue responde a una particularidad enmarcada por los estragos del colonialismo y el neocolonialismo en una economía dependiente y vulnerable.

En caso de Zimbabue es usado frecuentemente como ejemplo de las hipótesis neoliberales, pues según esas versiones, la hiperinflación de ese país se desató por la emisión desproporcionada de circulante monetario para cubrir el déficit interno. Sin embargo estos análisis resultan sesgados y reduccionistas porque desconocen –de manera intencionada- una carga histórica de problemas y distorsiones que prefiguraron la emisión monetaria referida, tales como la condición de colonia británica de ese país hasta 1980, cuya independencia formal como Estado nacional determinó la imposición de una deuda astronómica y de una economía atrasada y primaria (concentrada en una élite ligada a los intereses ingleses), orientada a la exportación de capitales. Además omiten el proceso de endeudamiento con el FMI –con su respectivo paquete de medidas- asumido por el gobierno de ese país a finales de los noventa, hasta su calificación de default. Las condiciones mencionadas fueron el caldo de cultivo de la crisis que inició en 2001, cuando el gobierno de Robert Mugabe decidió la confiscación por la fuerza de unidades productivas agrícolas –medida que agravó la depresión de la economía de ese país porque afectó la tasa de desempleo y precipitó mayores niveles de pobreza.

Por su parte, en América Latina los casos más significativos de las últimas décadas, sucedieron en: Bolivia en 1985, con un índice de 60.000%; Perú en 1990, con 7694%; Argentina y Brasil en ese mismo año con 3079% y 2751% respectivamente. Otros países de la región que han experimentado incidentes de hiperinflación son Nicaragua y Chile (enmarcados en situaciones de conmoción política).

§ El caso venezolano

Las características de la economía venezolana –una formación económico-social dependiente del ingreso petrolero, por ende regida por el mercado y el sistema financiero mundial, cuyo mercado interno está supeditado a las variaciones de ese ingreso para satisfacer sus necesidades mediante el flujo de sus importaciones-, han determinado una tendencia inflacionaria marcada y sostenida, por encima de dos dígitos desde la década de los setenta, e incluso de los tres dígitos en los noventa del siglo XX.

Por tal motivo, se puede afirmar que se trata de un problema sistémico de nuestra economía, pero es preciso profundizar en la materia porque a pesar de esa tendencia histórica, Venezuela no había experimentado hasta ahora una crisis de hiperinflación.

§ Hiperinflación venezolana: hipótesis y corrientes

El fenómeno de hiperinflación venezolana ha suscitado intensos debates para explicar sus causas. A continuación se presentan las hipótesis más reconocidas para explicar el fenómeno.

- La posiciones neoliberales (cuyos voceros principales son el diputado a la AN José Guerra y los analistas Luis Vicente León y Asdrúbal Oliveros), arguyen que el fenómeno es producto de la combinación de una crisis dada por dos errores sustantivos del gobierno: la emisión de dinero circulante –la denominada masa monetaria- para satisfacer el gasto público, así como una caída abrupta de la confianza en el marco normativo y las instituciones que regentan la economía del país, especialmente por políticas como las expropiaciones de modos de producción, el control de cambio y la inseguridad para la inversión y el flujo de capitales.

- Analistas de izquierda proclives a las tesis que ha postulado el gobierno hasta ahora (Pasqualina Curcio, Luis Salas, Juan Carlos Valdez y Andrés Giussepe, entre otros), plantean que la inflación venezolana es consecuencia de una devaluación inducida[4] por la presión de agentes económico-financieros transnacionales dirigidos por los Estados Unidos, por tanto, según sus postulados, la emisión de dinero no es una causa de la inflación y la devaluación sino una consecuencia de las mismas[5]. Según esta corriente, el control de cambio es fundamental para mantener la estabilidad económica del país y contener una nueva oleada de fuga de capitales[6].

- Mientras tanto, una corriente heterogénea de analistas de izquierda (con la cual nos identificamos en la presente reflexión), tales como Rodrigo Cabezas, Jesús Faría, Oscar Forero y Manuel Sutherland, coinciden en afirmar que la hiperinflación venezolana es un fenómeno multidimensional y multifactorial, producido por una carga histórica de problemas económicos estructurales y coyunturales, tales como: la dependencia al ingreso petrolero, la sobrevaluación del tipo de cambio[7] y la fuga de capitales, la emisión desproporcionada de circulante monetario, la crisis de endeudamiento y el déficit fiscal, la caída abrupta del PIB desde hace 17 trimestres, las distorsiones en las estructuras de costos de producción y distribución que afectan el mercado interno, por mencionar las más significativas.

Desde el punto de vista de la presente reflexión, la escalada de inflación desatada responde a fuerzas estructurales que se configuraron a partir de la recesión económico-financiera global de 2007-2008 y sus implicaciones sobre la economía nacional (esa recesión determinó algunos elementos que resultan sustantivos para comprender la depresión económica que determinó la crisis de hiperinflación, los cuales fueron alertados en su momento por Víctor Álvarez: la sobrevaluación del tipo de cambio y su influencia negativa sobre la productividad nacional y la consolidación de una lógica dependencia del mercado nacional en torno al flujo de las importaciones; el endeudamiento vertiginoso; y la concentración de esfuerzos de inversión-exploración en la faja petrolífera del Orinoco, ante la sobreestimación de las tendencias de la dinámica del precio del petróleo.

En particular el anclaje cambiario –con diferencial incluido en diversas tasas oficiales-, así como la depresión del PIB y el aumento exorbitante de la liquidez monetaria, terminaron de configurar las condiciones para el despliegue de la crisis de hiperinflación de la actualidad, la cual reproduce múltiples –nefastas y severas- consecuencias para la formación económico-social venezolana.

§ Perspectivas de los fenómenos de hiperinflación

Los casos de hiperinflación registrados han presentado una extensión temporal variable, la cual ha fluctuado entre los seis (06) y los veinticuatro (24) meses, es decir, se trata de situaciones coyunturales finitas en el tiempo. En situaciones particulares, como la de Brasil, la economía alcanzó posteriormente crecimientos extraordinarios –sustentados en una capacidad agroindustrial instalada de gran escala y un mercado interno de enormes proporciones. No obstante, en otras ocasiones, las lesiones de la hiperinflación no han sido superadas, como ha sucedido en los casos de Zimbabue y Grecia.

Los fenómenos de hiperinflación desarrollados en América Latina y el Caribe, de obligatoria referencia para Venezuela, fueron estabilizados mediante políticas de shock de signo neoliberal –los denominados paquetes o programas de ajuste estructural tan propugnados por los sectores liberales del país-, los cuales frenaron la hiperinflación pero derivaron en daños severos para las clases trabajadoras.

Sin embargo, otros casos han detenido la tendencia de hiperinflación a través de fórmulas diversas:

Alemania por ejemplo, en 1923 retiró del mercado su moneda nacional y mediante el Banco Central (El Reichsbank) ejecutó la emisión y circulación de una nueva moneda -respaldada en su capital fijo: tierras e industrias-;

Hungría recurrió a la emisión de una nueva moneda enmarcada en un plan intensivo de planificación y centralización de su economía, con lo cual pudo favorecer la producción nacional, corregir las distorsiones del mercado interno y contener la fuga de capitales que precipitó su proceso de hiperinflación;

Zimbabue, no aplicó ninguna política estructural para enfrentar la hiperinflación (se limitó a llevar a cabo continuas reconversiones monetarias con cambios nominales en el signo, con los cuales alcanzaron a utilizar un billete de cien billones de dólares de Zimbabue; y posteriormente se eliminó el signo monetario nacional y en ese país circula el dólar americano y otras monedas de la región, tales como el Rand sudafricano), hasta que la inercia produjo la llegada a una especie de punto mínimo o rebote que derivó en una deflación.

Perspectivas concretas para Venezuela

Desde las corrientes neoliberales internacionales se plantea como receta única la desaparición de la moneda nacional –con lo cual se reitera la visión monetarista del problema-, la moneda nacional sería sustituida por el dólar americano (esa es la recomendación explícita del citado experto Steve Hanke, quien sugirió y dirigió una política de ese tipo en Ecuador y Bulgaria).

Por su parte los neoliberales venezolanos referidos en el apartado anterior, afirman que la única, instantánea e infalible solución es un ajuste estructural: Según estas posiciones, se requiere de un plan de estabilización económica que consiste en una liberalización total de la economía en los ámbitos monetario y de inversiones, la privatización de activos públicos, el congelamiento de los salarios, la reducción al mínimo del gasto público –denominada de manera eufemística disciplina fiscal-, así como una política de incentivos fiscales para el capital (la terapia de shock utilizada por Pinochet en Chile y por Fujimori en Perú).

Desde el espectro del chavismo, las soluciones planteadas son diversas y en ocasiones expresan notables contradicciones en temas sustantivos como el control de cambio (mantenerlo, flexibilizarlo o eliminarlo), las políticas monetarias, las estrategias para la promoción de inversión extranjera, el pago de la deuda internacional (el dilema entre cancelar los compromisos para no perder más confianza o llevar a cabo una moratoria de pagos con una auditoria integral de la deuda), los mecanismos para la determinación de baremos de precios, salarios y ganancias, entre otras variables.

Lo cierto del caso es que en Venezuela no se han asumido medidas correctivas de signo estructural, ni en los términos de las tendencias planteadas, ni en términos de políticas innovadoras. Por el contrario, hasta ahora la política económica se había caracterizado por mantener una acción inerte y de omisión ante la hiperinflación –muy similar a la implementada en Zimbabue-. Tal situación se agravó con la imposición de sanciones financieras impuestas por el gobierno de Estados Unidos en agosto de 2017 (que es una continuidad de una tendencia de presión y hostilidad -dirigida por Washington- contra la economía venezolana, la cual fue instaurada desde la llegada de Hugo Chávez al gobierno en 1999).

La combinación de múltiples variables en el sistema financiero y el mercado internacional (especialmente el de los hidrocarburos), las hostilidades de origen internacional y la inercia mencionada, han desencadenado en una descapitalización del país, cuyos indicadores más notables son la megadevaluación de la moneda nacional, la fuga de capitales astronómica, el estancamiento de la producción nacional (con un despilfarro escandaloso de fuerzas productivas y de potenciales de renta), así como el aniquilamiento del valor de la fuerza de trabajo y con ello de las capacidades de satisfacción de necesidades básicas de las clases asalariadas.

A partir de las medidas anunciadas de manera superficial el pasado 26 de julio, se puede afirmar que el gobierno de Venezuela ha asumido la intervención de la situación actual a través de una nueva política económica. Todo parece indicar que el modelo formulado tiene afinidades de forma y contenido con la política de Alemania en 1923 (emisión de una nueva moneda: anclada y respaldada en commodities transables en el mercado de valores[8]), acompañada de una maniobra de certificación de reservas en oro (en convenio con Turquía), esto último con la intención de proyectar confianza y ofrecer garantías para obtener nuevas fuentes de financiamiento.

La política esbozada por el presidente Nicolás Maduro el referido 26 de julio, tiende a demostrar audacia táctica, pero además de estar condicionada por la capacidad de valorización del Petro en el mercado internacional (tema de gran complejidad a menos que se concrete con éxito una necesaria acción diplomática que permita anular las sanciones impuestas por el gobierno de los EE.UU.), resulta insuficiente para enfrentar de manera integral la crisis[9], si no se implementan enérgicas medidas de carácter estructural, tales como:

- El diseño de una Estrategia para la recuperación de la industria petrolera nacional: la fuente fundamental de divisas: más allá de la retórica ingenua de superación del modelo rentista petrolero; y la proyección en el mediano plazo de un reimpulso de la industria petroquímica.

- Una política de emergencia para la coordinación de planes y acciones orientados hacia la reactivación de las fuerzas productivas en los ámbitos industrial y agrícola, así como a las capacidades logísticas y tecnológicas para la distribución de bienes y servicios.

- La recuperación de los servicios públicos fundamentales (agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones, saneamiento ambiental), los cuales son vitales para el desarrollo de las fuerzas productivas industriales y agroindustriales, para el funcionamiento del tejido institucional, y para la satisfacción de necesidades esenciales de la población.

- Una política macroeconómica multidimensional para el fortalecimiento de las reservas internacionales.

- Una moratoria de pagos y una auditoría de la deuda internacional –que incluye una evaluación exhaustiva de los denominados bonos soberanos- y de las condiciones de pago del servicio de deuda.

- Una reforma fiscal drástica que revierta la tendencia regresiva del actual régimen tributario.

- El diseño de una estrategia para contener la fuga de capitales –el control de cambio ha demostrado que no controla y no cambia-, así como una auditoría de los capitales exportados durante los últimos años (como primera medida para estimar la factibilidad de repatriación de los mismos).

- Un plan rector de las inversiones internacionales sin menoscabo de los intereses estratégicos de la República.

- Una política de inversión de los ingresos en divisas –los cuales se deben recuperar de manera paulatina-, en áreas prioritarias de la economía nacional, así como en la satisfacción de necesidades básicas de la población, primordialmente de alimentación, salud y servicios públicos.

- Una política de amplio espectro para mitigar las distorsiones del mercado nacional –dadas por las asimetrías y la inviabilidad de estimar estructuras de costos en la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios-.

- Por último y no por ello menos importante, de crear y materializar una política para recuperar el poder adquisitivo de la clase asalariada, lo cual estimularía el mercado interno y potenciaría de manera objetiva y subjetiva un factor esencial para la capitalización: la fuerza de trabajo.

A manera de conclusión:

Los fenómenos de hiperinflación expresan problemas orgánicos de las formaciones económico-sociales, es decir, no se reducen a las dimensiones monetaria y fiscal (como pretenden hacer ver los neoliberales), sino que responden a distorsiones estructurales de las economías de los Estados nacionales en su relación con el sistema-mundo.

El análisis documental realizado permite establecer que Venezuela entró en una crisis de hiperinflación desde noviembre de 2017. Por tanto, hasta ahora ha transitado nueve meses en tal condición.

La hiperinflación es finita en el tiempo y existe una tendencia a alcanzar un punto mínimo que deriva en un rebote[10] de la misma (incluso sin intervenciones del Estado, tal y como sucedió en Zimbabue), y las fórmulas para superar la misma han demostrado ser diversas a lo largo de la historia. Lo más importante para determinar el método, es definir cuál es el objetivo estratégico, cuáles son los intereses que median y quiénes son los sujetos que deben ser el centro del plan de estabilización.

Las medidas anunciadas recientemente por el gobierno de Venezuela, parecen audaces y son un buen signo (de ruptura con la inercia), pero resultan insuficientes porque –desde otro enfoque- caen en el mismo error que las tesis liberales: el reduccionismo de creer que el problema de la hiperinflación se soluciona únicamente a través de la variable monetaria.

Se requiere de un programa integral de recuperación económica, con objetivos estratégicos y tácticos, procedimientos claros, plazos, metas y responsables explícitos, para detener la hiperinflación, así como sus nefastas repercusiones, y primordialmente para corregir los factores estructurales y coyunturales que le determinaron, de manera de lograr la estabilización y el reimpulso de la economía venezolana sobre la base del desarrollo de sus fuerzas productivas.

[1] Investigador del Centro Internacional Miranda

[2] El economista norteamericano afirmó que el interés del FMI radica en lograr titulares de prensa, y fustigó los cálculos de inflación errados de ese organismo para 2017, en cuyos informes se publicaron estimaciones que ubicaban la inflación de ese año en 2200%.

[3] El caso de Zimbabue es usado frecuentemente como ejemplo de las hipótesis neoliberales, pues según esas versiones, la hiperinflación de ese país se desencadenó ante la emisión desproporcionada de circulante monetario para cubrir el déficit interno. Sin embargo estos análisis resultan sesgados y reduccionistas porque desconocen –de manera intencionada- una carga histórica de problemas y distorsiones que prefiguraron la emisión monetaria referida, tales como la condición de colonia británica de ese país hasta 1980, cuya independencia formal como Estado nacional determinó la imposición de una deuda astronómica y de una economía atrasada y primaria (concentrada en una élite ligada a los intereses ingleses), orientada a la exportación de capitales. Además omiten el proceso de endeudamiento con el FMI –con su respectivo paquete de medidas- asumido por el gobierno de ese país a finales de los noventa, hasta su calificación de default. Las condiciones mencionadas fueron el caldo de cultivo de la crisis que inició en 2001, cuando el gobierno de Robert Mugabe decidió la confiscación por la fuerza de unidades productivas agrícolas –medida que agravó la depresión de la economía de ese país porque afectó la tasa de desempleo y precipitó mayores niveles de pobreza.

[4] Tales análisis cuestionan el monetarismo de los neoliberales, pero desconocen el impacto negativo severo que tiene esa emisión de dinero sobre la economía nacional.

[5] Un análisis de tendencias en una línea de tiempo le otorga validez a esta hipótesis, pero la negación de los efectos nocivos de esa emisión de circulante resulta inexplicable, pues es evidente que ese nuevo flujo monetario produce un ciclo que es directamente proporcional con los indicadores de inflación y devaluación.

[6] Recientemente el diputado a la ANC Jesús Faría hizo públicas sus consideraciones respecto al carácter inviable y fútil del control de cambio en las condiciones actuales.

[7] Con el agravante de que desde 2014 se implementaron varias tasas oficiales de cambio con diferenciales abismales.

[8] Predecir el éxito o fracaso de esa medida es temerario, porque las condiciones del mercado mundial y del sistema financiero internacional son muy distintas, y porque Alemania ya había transitado por un proceso de industrialización que le permitió el desarrollo de fuerzas productivas y de tecnologías propias.

[9] La hiperinflación es apenas uno de los síntomas (el más violento y explícito) de una crisis multidimensional.

[10] Algunos investigadores de diverso signo ideológico, pronostican que ese rebote debe darse en el primer semestre de 2019.