El fiscal Barr, la DEA y el mito del cártel de los Soles

Por Carlos Fazio

En la coyuntura de la llamada “epidemia del siglo”, la diplomacia de guerra de Estados Unidos ha decidido profundizar su guerra no convencional, asimétrica, contra Venezuela. Con una serie de acciones sucesivas que pretenden generar miedo y pavor (shock and awe) en filas “enemigas”, la administración Trump activó el 26 de marzo pasado el miserable plan diseñado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el representante especial para Venezuela, Elliott Abrams, cuyo objetivo final es intentar producir un “cambio de régimen” en el país que tienen la reservas probadas de hidrocarburos más grandes del mundo.

Ese día, en lo que parece marcar un nuevo punto de no retorno ahora bajo la pantalla judicial del golpismo (Lawfare), el fiscal general de EU, William Barr, anunció cargos criminales por narcoterrorismo, tráfico de cocaína, lavado de dinero y corrupción contra el presidente constitucional y legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro; una docena de altos funcionarios civiles y militares así como dirigentes del proceso bolivariano −e, incluso, un par de generales prófugos de la justicia venezolana−, bajo la grotesca argumentación de “haber participado en una asociación delictiva” que involucraría a una “organización terrorista extremadamente violenta” –las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC−, así como de “conspirar” para utilizar la venta de drogas como un “arma” contra Estados Unidos.

El 31 de marzo, en otra inadmisible intromisión –que viola el Derecho internacional y los principios de la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos, el de no intervención, la libre determinación de los pueblos y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales−, Pompeo y Abrams hicieron público su “plan” denominado eufemísticamente “Marco para la transición democrática en Venezuela” (cuyo único fin es el derrocamiento de Maduro), lo que fue seguido, el 1 de abril, por el anuncio de Donald Trump, del lanzamiento de un nuevo operativo militar naval antidrogas en aguas del Caribe y el Pacífico.

Trump, quien apareció flanqueado en la Oficina Oval por el secretario de Defensa, Mike Esper, y el jefe del estado mayor, general Mark Milley, dijo que las operaciones marítimas antinarcóticos estarán dirigidas contra lo que, afirmó, es una “creciente amenaza” de “narcotraficantes y terroristas” que buscarán “aprovecharse” de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus para introducir drogas a EU y afectar a la ciudadanía.

A su vez, el secretario Esper identificó a Venezuela como una amenaza en particular, al acusar al “régimen ilegítimo de Maduro” de depender de las ganancias del narcotráfico para mantenerse en el poder. Con lo cual, se cumplirían los propósitos encubiertos denunciados a mediados de marzo por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, de que en el marco de una nueva fase de agresiones unilaterales estadunidenses contra su país, el Pentágono y el jefe del Comando Sur, Craig Faller, estaban contemplando un “bloqueo naval” a Venezuela, acción reconocida por la ONU como “uso de la fuerza”; medida que podría ser reforzada en la coyuntura con acciones coercitivas bajo el paraguas de la Organización de Estados Americanos (OEA), vía el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), ambos, viejos instrumentos de la guerra fría al servicio de Washington.

Pino Arlacchi y los bulos de la CIA y el Pentágono

En el marco de la nueva fase de guerra híbrida de EU contra el proceso bolivariano de Venezuela, cabe recordar que el 15 de abril de 2019, durante una sesión de preguntas y respuestas en la Universidad de Texas, el secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó entre risas y aplausos: “Yo era director de la CIA (Agencia Central de Inteligencia). Mentimos, engañamos y robamos. Teníamos hasta cursos de entrenamiento”. (Aunque la transcripción oficial del Departamento de Estado no incluyó esas aseveraciones, sí quedaron registradas en video).

La confesión de Pompeo vino a confirmar lo que es público y notorio y está registrado en cientos de documentos oficiales y literatura sobre la CIA de los últimos 60 años. Pero no deja de ser grave que el jefe de la diplomacia estadunidense se refiera a sí mismo como mentiroso y ladrón. Máxime, en la actual coyuntura, cuando expertos comunicacionales del Pentágono y la CIA han echado a andar una nueva etapa de la guerra no convencional contra Venezuela, diseñada en base a operaciones de guerra psicológica, propaganda encubierta y mensajes indirectos a través de los medios de difusión masiva (radio, televisión, prensa escrita, Internet), direccionadas a conseguir el control y la manipulación de la llamada opinión pública mediante distorsiones informativas (noticias intoxicadas).

Al respecto, las acusaciones del fiscal general William Barr contra el presidente Maduro, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, el ministro del Interior, Néstor Reverol y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, entre otros, de emprender junto con las FARC una “conspiración narcoterrorista” para inundar a EU de cocaína, no admite la prueba del ácido. La teoría de un “narco-Estado” en Venezuela es pura ficción y las agencias estadunidenses lo saben.

Tras enterarse del insólito entuerto, el ex vicesecretario de la ONU, Pino Arlacchi, ex director ejecutivo del Programa Antidroga de la organización mundial (UNODC, por sus siglas en inglés), escribió en su cuenta de facebook: “La acusación a @Nicolás Maduro por tráfico de drogas es una basura política. En 40 años de experiencia antidroga y como Vice Secretario ONU, nunca me topé con #Venezuela, siempre lejos de los circuitos: EEUU primer consumidor, Colombia productor”.

Luego, en un artículo firmado difundido por Telesur, Arlacchi señaló que al conocer la noticia de la acusación contra Maduro y miembros de su gobierno por tráfico de drogas, se quedó “sin palabras”. Escribió que al observar la persecución contra Venezuela ha visto muchas cosas, “pero honestamente no pensé que la asociación delictiva en el poder en los Estados Unidos llegaría a tanto”. Y añadió: “Después de robar $ 5 mil millones de los recursos financieros de Venezuela depositados en bancos de 15 países. Después de establecer un bloqueo de toda la economía del país a través de sanciones atroces, con el objetivo de golpear a la población civil para empujarla a rebelarse (sin éxito) contra su gobierno. Y después de un par de intentos de golpe fallidos, aquí está el tiro final, la calumnia más infame”.

Tras considerarlo como un “episodio de guerra asimétrica”, Arlacchi, quien se desempeñó como director ejecutivo de la UNODC entre 1997 y 2002, argumentó que “el golpe es tan fuera de medida”, que no cree que tenga consecuencias relevantes en Naciones Unidas ni en la Unión Europea. “No hay la más mínima evidencia” para apoyar esa “calumnia” que “sólo existe en la fantasía enferma de Trump y sus asociados”.

Agregó que bastaría consultar las dos fuentes más importantes sobre el tema: el Informe Mundial sobre Drogas 2019 de la UNODC y el último documento de la DEA, Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2019, para verificar sus dichos. Según este último, el 90% de la cocaína introducida en los EU proviene de Colombia, el 6% de Perú y el resto de orígenes desconocidos. Pero según Arlacchi, es el informe de la ONU el que proporciona la imagen más detallada, mencionando a México, Guatemala y Ecuador como los lugares de tránsito de drogas a los Estados Unidos. Y la evaluación de la DEA cita a los famosos narcos mexicanos como los mayores proveedores en el mercado estadounidense.

“No hay rastro de Venezuela en ninguna página de los dos documentos. Y en ningún otro material de las agencias anticrimen de los Estados Unidos en los últimos 15 años (conozco muy bien el tema) se mencionan hechos que puedan conducir indirectamente a las acusaciones lanzadas contra el presidente legítimo de Venezuela y su gobierno. Por lo tanto, es exclusivamente basura política, que espero será tratada como tal fuera del sistema político mediático de los Estados Unidos”, remató Arlacchi.

Un informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, publicado el pasado 5 de marzo, señala que los cultivos de hoja de coca en Colombia aumentaron en 4 000 hectáreas, para alcanzar las 212 000; mientras que la producción de cocaína creció en un 8 %, pasando de 879 toneladas a 951, cifras que marcan récords históricos.

De las tres fuentes citadas y los dichos de Arlachi, se desprende que si EU quisiera realmente combatir el tráfico de drogas el objetivo sería Colombia, no Venezuela. Otro blanco sería perseguir a los cárteles que distribuyen la droga en EU, que se quedan con la mayor parte de la ganancia y la lavan allí.

Para complementar lo anterior, un informe reciente de The Washington Office on Latin America (WOLA), consideró “exagerado” el papel que se le otorga a Venezuela en el comercio transnacional de drogas. De acuerdo con la Base de Datos Antidrogas Consolidada Interagencial (CCDB) del gobierno de EU, citado por WOLA, en 2018 pasaron por Venezuela 210 toneladas métricas de cocaína y en ese mismo lapso pasó aproximadamente 10 veces más cocaína (2,370 toneladas métricas) por Colombia y siete veces más (1,400 toneladas métricas) por Guatemala.

En declaraciones a BBC Mundo, el director de WOLA, Geoff Ramsey, dijo que la afirmación de que Maduro está “inundando” deliberadamente EU con cocaína es “absurda”. Y al igual que Arlacchi, remitió a los propios datos de la DEA. Según Ramsey, el Departamento de Justicia de EU se ha visto sometido a una fuerte presión para formular esas acusaciones por parte de sectores duros de la oposición venezolana y la comunidad de exiliados en Miami, utilizando el mismo guión usado por el gobierno de George H.W. en Panamá, en 1989, en el marco de la guerra fría.

La judicialización (lawfare) de la política de cambio de régimen de la administración Trump se centrará ahora en cuerpos de seguridad como el FBI y la DEA, con apoyo de las unidades militares desplegadas en el Caribe y el Pacífico y los llamados “contratistas privados de seguridad”. Cabe recordar que al actual fiscal general de EU, William Barr, le correspondió redactar en 1989 la justificación legal para la invasión de Panamá y para que el FBI pudiera ingresar a tierra extranjera sin el consentimiento del gobierno anfitrión. Asimismo, Barr fue quien gestionó el indulto del genocida Elliott Abrams, inculpado por el caso Irangate.

Sobre la DEA y el desertor Alcalá

Cuando el pasado 26 de marzo el fiscal Barr acusó a Nicolás Maduro y once funcionarios de alto rango (además de dos militares desertores) de formar parte de una “conspiración narcoterrorista” y puso precio a sus cabezas, aseveró que todos formaban parte de un denominado cártel de los Soles.

Para entonces, hacía años que las usinas de la guerra sucia en los sótanos del Pentágono y la CIA venían fabricando la trama conspiracionista, que fue sembrada de manera intermitente −con mayor profusión en 2015− en los medios hegemónicos de Occidente adscritos a la también llamada guerra de cuarta generación.

Entre los cárteles difundidos a la manera del Lejano Oeste por el Departamento de Justicia y la DEA el 26 de marzo último, con sus logotipos y una leyenda que decía “REWARD OF UP TO $ 10,000,000.00 U$S” (Recompensa de hasta 10 millones de dólares), y que incluía sendas fotos de los buscados por pertenecer al cártel de los Soles, figuraron los de dos ex generales retirados prófugos de la justicia venezolana: Hugo Carvajal Barrios y Cliver Alcalá.

Un día antes (25 de marzo), en Caracas, el vicepresidente de Comunicación e Información venezolano, Jorge Rodríguez, había develado un nuevo plan terrorista para asesinar de manera selectiva a altos funcionarios gubernamentales, incluido el presidente Maduro. La revelación se basaba en informaciones de medios de prensa colombianos, del 23 de marzo, sobre la incautación de un arsenal de guerra compuesto por 26 fusiles de asalto AR-15 y otros insumos bélicos, en la localidad de La Ciénaga, Barranquilla, que iban a ser introducidos a Venezuela por la frontera de Paraguachón, en el estado Zulia.

En ese contexto, el primero en reaccionar horas después del anuncio del fiscal Barr en Washington, fue Cliver Alcalá, militar desertor y prófugo de la justicia venezolana, acusado el 31 de agosto de 2019 −junto con Julio Borges y la ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz− de haber participado en un plan para colocar aparatos explosivos en el Palacio de Justicia y sedes de la Policía Nacional y la Dirección de Inteligencia Militar, y vinculado en el intento de golpe de Estado del 30 de abril de ese año.

Radicado en Barranquilla, Colombia, y entrevistado por locutores de la emisora colombiana W Radio, Alcalá confesó ser parte de la trama para cometer actos terroristas en Venezuela con la asesoría de expertos estadunidenses, y se adjudicó la propiedad de las armas incautadas en La Ciénaga el 23 de marzo anterior. Afirmó que ese arsenal había sido financiado con dinero suministrado por el diputado venezolano Juan Guaidó y que el gobierno de Iván Duque estaba al tanto de esos planes y había facilitado medios para la logística. En el audio Alcalá expresó literalmente: “Las armas incautadas en Colombia pertenecen al pueblo venezolano, en el marco de un pacto, o de un convenio, firmado por el presidente Guaidó, el señor J. J. Rendón, el señor Vergara y asesores norteamericanos. Desde hace muchos meses vengo trabajando en la conformación de una unidad Libertad para Venezuela. A la reunión con los asesores norteamericanos me envió el señor Juan Guaidó y aportamos ahí, junto a militares venezolanos (…) hacer una unidad militar”.

En otra parte de la entrevista radial, Alcalá dijo: “Estoy en mi casa, no estoy huyendo, me informaron de la posibilidad de un falso positivo”. Es decir, temía que lo asesinaran. El 27 de marzo fue detenido y trasladado en un avión de la DEA a Nueva York.

Un día después, la agencia Reuters, desde Washington, difundió un cable según el cual el ex jefe de la inteligencia militar de Venezuela, Hugo Carvajal, otro hombre clave del presunto cártel de los Soles y con paradero desconocido en España, donde se había exiliado, también estaba en proceso de entregarse a las autoridades estadunidenses.

Carvajal, el cártel de los Soles y la prensa amaestrada

Junto con los de Cliver Alcalá y Diosdado Cabello, el nombre de Hugo Carvajal había formado parte del núcleo duro del supuesto cártel de los Soles, según la trama fabricada por la DEA y la CIA para implicar al ex presidente Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, en una presunta conspiración criminal con la guerrilla de las FARC colombiana, para “inundar” de cocaína a Estados Unidos.

La maquinación, que tuvo su punto culminante en 2015, estaba inscrita en la primera fase de la Operación Libertad Venezuela (Venezuela Freedom), perfilada en el “Informe sobre Venezuela” elaborado en 2012 por el director nacional de Inteligencia de EU, James R. Clapper, que ponía énfasis en la agitación propagandística de temas tales como el desabastecimiento programado de alimentos y medicinas, el incremento inusitado de precios, los apagones eléctricos generalizados, la delincuencia y la violencia criminal como parte de un proceso de descomposición político-social e ingobernabilidad inducido que utilizó entonces el accionar de bandas criminales (bacrim), narcotraficantes, grupos paramilitares y pranes con sus ejércitos de malandros.

En ese contexto, y como parte de la guerra irregular para desestabilizar al nuevo gobierno de Maduro, los guionistas de los servicios de inteligencia estadunidenses fueron sembrando en medios occidentales, su nuevo invento: el cártel de los Soles.

El primer diario elegido para desatar el circo mediático fue el ABC de España, que a partir de su corresponsal en Washington, Emili J. Blasco, en enero de 2015 comenzó a difundir “primicias” con base en “fuentes cercanas” a una investigación abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. “El jefe de seguridad del número dos chavista deserta a EE.UU. y le acusa de narcotráfico”, decía el titular de la nota. El blanco del despacho era el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sindicado en la fabulación como el “cabecilla” del cártel de los Soles y “operador” del “narcoEstado” venezolano. Y estaba dirigido a dividir a la interna chavista en la transición generada por la muerte del líder del proceso bolivariano, Hugo Chávez, en 2013. Pero ya ahí aparecían implicados varios militares y el entonces gobernador de Aragua, Tareck Al Aissami.

Sin una sola prueba y con eje en los testimonios dudosos de un escolta desafecto, Blasco utilizó la socorrida fórmula de la guerra fría, “fuentes cercanas”, para encubrir las filtraciones de la CIA, la DEA y el Departamento de Justicia. Asimismo, para construir sus argumentos, utilizó en un par de ocasiones el verbo “especular”, enemigo del periodismo de investigación.

El 19 de mayo de 2015, según reportó en una investigación Fernando Casado (“El nuevo invento para atacar a Venezuela: El cártel de los Soles”, 1 de junio de 2015), una nueva filtración llegó a las páginas de The New York Times: “EEUU centra su amplia investigación sobre cocaína en altos oficiales venezolanos”. Con un tono menos amarillista que el de ABC, el influyente diario neoyorkino daba como fuente a la DEA, pero la falta de pruebas seguía estando presente.

Tres días después era The Wall Street Journal, el que con filtraciones de agentes de la DEA y fiscales federales de Nueva York y Miami, reforzaba el bulo sobre el cártel de los Soles: “Oficiales venezolanos sospechosos de convertir el país en un centro de distribución internacional de cocaína”. Igual que los anteriores, la falta de pruebas, persistía.

El 24 de mayo, Jackson Diehl, uno de los editorialistas estrella de The Washington Post, venía a sumarse al cacareo mediático anglosajón. Diehl tituló su artículo de opinión “Un cártel de la droga en el poder en Venezuela” y trató como hechos fehacientes la “información” que publicó. Su fuente, que utilizó como prueba, eran supuestos correos electrónicos extraídos de la computadora del jefe de las FARC, Raúl Reyes, que ni la Suprema Corte de Justicia de Colombia había validado. Es decir, seguía sin haber pruebas sólidas.

Como suele ocurrir con la siembra de “carne podrida” en los medios, y en este caso a partir de la declaración de un desertor, Diehl, del Washington Post, tomó como referencia las notas publicadas en el ABC y The Wall Street Journal. Es decir, a partir de informaciones no verificadas, se utilizó a la prensa como prueba de lo que dice la prensa, para ir fabricando una “noticia”, que, a fuerza de repetición, se vuelve “verdad”.

En el marco de la guerra no convencional asimétrica en curso, los objetivos de las operaciones psicológicas e intoxicación (des)informativa del Pentágono, la CIA y la DEA habían sido expuestos por el general John Kelly, jefe del Comando Sur, el 12 de marzo de 2015 ante el Comité Senatorial de los Servicios Armados del Congreso de Estados Unidos. Kelly dijo que las acciones estaban dirigidas a generar una situación de caos y desestabilización política en Venezuela, combinándose con acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada, etapa que incluyó a las guarimbas con su casi medio centenar de muertos, los asesinatos selectivos, sabotajes contra instalaciones estratégicas y acciones paramilitares desde la frontera colombo-venezolana.

En ese marco de la noticia como espectáculo para encubrir propaganda de guerra, el 20 de mayo, la intriga sobre el cártel de los Soles sería retomada por el diario español El País, en un reportaje que tituló “Nueva luz sobre el misterioso cártel de los Soles”. Pero más allá de lo enigmático del titular, no aportaba nada nuevo y fue una oda a la especulación.

Cinco días después, la revista Newsweek en español reproducía en su portada el rostro de Diosdado Cabello con un titular que rezaba: “El más buscado”. La publicación estadunidense reproducía una entrevista a Juan Forero, el periodista de The Wall Street Journal que habíadivulgado una “primicia” sobre el cártel de los Soles. Como expresó Newsweek, “lo que para muchos era un secreto a voces, ahora estaba asegurado por un diario con el prestigio de The Wall Street Journal”.

El mecanismo para dejar plantada en la opinión pública una confabulación sin pruebas sólidas, había funcionado a la manera de un lavado de información, donde la fuente original de la filtración, en este caso la DEA −y de manera encubierta la CIA−, la más de las veces quedaba oculta.

No obstante, como mencionó Fernando Casado en la investigación citada, el origen de la cadena había sido el diario ABC de España, que reprodujo una “primicia” de su corresponsal en Washington, Emili J. Blasco, célebre por otra “exclusiva” de 2012 a raíz de la enfermedad del presidente Hugo Chávez, que entonces se convirtió en trending topics y dio la vuelta al mundo: “A Chávez le queda un año de vida a menos que acepte un tratamiento intensivo”. Blasco utilizó como fuentes “informes confidenciales elaborados por informantes con acceso al equipo médico de Chávez, manejados por servicios de inteligencia” (sic). Blasco ocultó que su fuente era la CIA, porque entonces su credibilidad habría sido nula. Pero meses después, el ex director del diario ABC, Ángel Espósito, entrevistado por Casado, reconoció: “ABC tiene acceso a una información de la CIA, ABC publica la información de la CIA, ABC no dice ‘ABC considera que a Chávez le queda un año’. ABC publica un informe de la CIA, de su corresponsal en Washington”.

Sin embargo, ABC y Blasco, autor del libro por encargo Bumerán Chávez, habían ocultado que su fuente era la CIA y manejaron como propia la información con subterfugios como “informes confidenciales” manejados por “servicios de inteligencia”. Es decir, fuentes anónimas y difusas, sin legitimidad periodística.

Tres años después, Blasco y el ABC habían vuelto a las andadas, ahora con la “primicia” sobre el mito del cártel de los Soles. Sólo que en esta ocasión, el nuevo director del periódico madrileño, Bieito Rubido, reconoció que había una relación entre su medio y los servicios de inteligencia de EU: “Lo que publicamos siempre es cierto. En este caso las fuentes son muy serias: desde la inteligencia española, hasta la CIA y la DEA” (Ver “Denuncia sobre Diosdado Cabello por narcotráfico ‘está más que contrastada’: Director del diario ABC”, NTN24, 27 de enero de 2015).

Invención de los laboratorios de la guerra sucia, sin una sola evidencia y sin que se diera cuenta del decomiso de una sola panela de cocaína en Estados Unidos u otra parte del continente con su logo, pronto, el expediente del cártel de los generales y la fabulación del narcoEstado venezolano quedarían eclipsados en el marco de la segunda fase de la Operación Libertad Venezuela del Comando Sur, que requirió del posicionamiento mediático de una “crisis humanitaria” (por falta de alimentos, medicamentos, agua y electricidad) y una matriz de opinión que manejara a nivel internacional el escenario de que la nación sudamericana estaba “cerca del colapso” y de una “implosión”, como recurso para facilitar una “intervención humanitaria” a “pedido” de la ONU o la OEA.

El plan conspirativo y de guerra psicológica del Pentágono contemplaba entonces una “fase terminal” del proceso venezolano hacia julio-agosto de 2016. Y para ello, Washington intensificó su política de “cerco y asfixia” contra el gobierno de Nicolás Maduro, que en el marco de la Guerra de Espectro Completo elaborada en junio de 2000 por la Dirección de Políticas y Planes Estratégicos del Ejército de EU (ver documento Joint Vision 2020), intensificó el empleo de recursos diplomáticos, de información, militares, económicos, financieros, de inteligencia y jurídicos, y echó mano de grandes corporaciones y lobbys empresariales, operadores políticos de la derecha internacional y sus intelectuales orgánicos, actores no estatales (ONGs), jerarcas de la Iglesia católica y agrupaciones estudiantiles.

El caso Carvajal y el relato novelado de la DEA

Tras cuatro años de permanecer en las sombras, la construcción ficticia del cártel de los Soles reaparecería en España luego de la detención por la Policía Nacional, el 12 de abril de 2019, del ex jefe de los servicios de inteligencia y contrainteligencia militar de Venezuela entre 2000 y 2011, Hugo Carvajal.

En febrero de ese año, luego de la fabricación made in USA del diputado Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela, y en vísperas del 23/F −el enésimo “Día D” para derrocar a Maduro, que tuvo como epicentro pantalla a la ciudad colombiana de Cúcuta en el fracasado intento de introducir “ayuda humanitaria” a Venezuela−, Hugo Carvajal, discípulo de Chávez en la academia militar, defeccionó, llamó a sus ex pares a la rebelión y dio su apoyo al “autoproclamado” impuesto por el trío John Bolton, Mike Pompeo y Elliott Abrams.

En medio de amagos y preparativos de invasión y cuando se estrechaba el cerco militar del Pentágono a Venezuela, Carvajal, según relató su esposa Angélica Flores al diario El País, huyó en marzo siguiente a Madrid con la ayuda de agentes del Centro Nacional de Inteligencia español (CNI), que incluso lo fueron a esperar al aeropuerto de Barajas. En abril, cuando iba camino a reunirse con agentes del CNI y ofrecer información, Carvajal fue capturado por una orden de extradición de Estados Unidos, y su caso fue ventilado en la tercera sala penal de la Audiencia Nacional.

El 13 de septiembre de 2019, en el marco de la comparecencia de Carvajal ante la Audiencia Nacional, el titular de primera plana del diario español El Mundo decía: “Hugo Chávez ordenó ‘inundar EEUU de cocaína de las FARC’”. El cintillo destacaba: “El Mundo accede al informe secreto de la DEA de Estados Unidos sobre Venezuela”. En interiores, el periódico afirmaba haber tenido acceso en “exclusiva” al informe de la DEA que el día anterior el Departamento de Justicia de EU había remitido a la Audiencia Nacional.

El “informe secreto” no agregaba nada nuevo sobre la trama divulgada en 2015 por la prensa mercenaria occidental, ni tampoco a la recopilación publicada en mayo de 2018 por la fundación estadunidense InSight Crime, bajo el título “Venezuela: ¿Un Estado mafioso?” La investigación de ese centro de investigación sobre crimen organizado patrocinado por Open Democracy −del magnate George Soros, ligado al Grupo Carlyle del clan Bush−, que volvía a dar por cierta la existencia del cártel de los Soles, adolecía de los mismos defectos de los bulos periodísticos mencionados arriba: se basaba en supuestos y creencias y no presentaba evidencias sólidas, pero fue evidente que había sido elaborado para poder justificar, a posteriori, las prácticas de la guerra judicial (lawfare) que, con apariencia de legalidad, habían venido siendo utilizadas por Washington y sus aliados contra países considerados enemigos.

Carvajal rechazó, por falsas, las acusaciones de la justicia estadunidense, y sus abogados calificaron la petición de Washington como “persecución política”; subrayaron que la acusación se basaba en el testimonio de una decena de “delincuentes confesos” que no conocían al ex militar; denunciaron la “ligereza” con la que EU vinculaba a Carvajal con el cártel de los Soles –dijeron que igual podrían haberlo relacionado “con el Ku Klux Klan o la Asociación Nacional del Rifle”− y pidieron la denegación de la extradición por no cumplir los requisitos y principios básicos, formales y no informales.

Fue evidente que la filtración de la justicia de EU al diario El Mundo buscaba presionar a los magistrados de la Audiencia Nacional. Sin embargo, el 16 de septiembre el tribunal colegiado denegó la extradición por considerar que la reclamación de EU estaba fundamentada “en una motivación política” y había sido gestada “dentro de la estrategia política estadunidense respecto a Venezuela”.

Los magistrados resaltaron “la falta de un verdadero relato de hechos concretados en la persona del reclamado” y argumentaron que la “conducta” que las autoridades estadunidenses imputaban a Hugo Carvajal “se refiere indudablemente al ejercicio del servicio de inteligencia militar”. Relataron, asimismo, que la justicia de EU había fundamentado su reclamación en delitos de asociación ilícita para involucrarse en narcoterrorismo y para importar cocaína controlada dentro de Estados Unidos desde un lugar fuera del país, además de un delito de uso o posesión de armas de fuego.

Sin embargo, el tribunal advirtió que esa solicitud “está acompañada sólo de la declaración jurada de un agente de la DEA a cargo de la investigación” y “no se precisa qué actos concretos de carácter delictivo” realizó Carvajal. Por lo que el tribunal consideró la descripción de los hechos “huérfana de determinación”, y señaló que la declaración del agente de la DEA “no puede utilizarse para integrar el necesario relato fáctico que se precisa para atribuir a Carvajal los delitos de los que se le acusa”. Es más, el tribunal reprochó a EU que sus acusaciones estaban dirigidas a “una conducta abierta, abstracta e inconcreta en tiempo, lugar y actos que realizados formasen parte del delito imputado”.

Hugo Carvajal quedó en libertad provisional, con prohibición de salir de España y debía presentarse cada 15 días en el juzgado. El 8 de noviembre la Fiscalía apeló el fallo de la Audiencia Nacional, y el Tribunal Supremo autorizó la extradición a EU. Varios magistrados no estuvieron de acuerdo con la decisión mayoritaria y, además, denunciaron presiones del consejero jurídico de la embajada de España en Washington, Jorge Carrera Domenech. Uno de los jueces plasmó su desacuerdo al salvar su voto y consideró que la investigación por narcotráfico contra Carvajal respondía “mucho más a lo que sería una especie de narrativa o relato novelado de un ataque conspirativo” contra EU “por parte de un enemigo de dicho Estado, que a una descripción jurídica de hechos delictivos concretos”.

Enterado de la situación por un periodista que lo quiso entrevistar, Carvajal se dio a la fuga y Elliott Abrams calificó la huida como una “vergüenza” para el gobierno de España. Desde entonces el tema había desaparecido del circo mediático, hasta que el pasado 26 de marzo el fiscal William Barr revivió el caso de Hugo Carvajal y la ficción sobre el cártel de los Soles.

En un año electoral en EU, la nueva ofensiva de la Casa Blanca, que incluye un renovado cerco naval a Venezuela en el Caribe, está dirigida a boicotear las negociaciones del gobierno de Maduro con partidos de oposición, y se da cuando en medio de la pandemia del coronavirus que sumió en una grave crisis sanitaria a la administración Trump, ha quedado evidenciada la declinación de la industria del shale (gas/petróleo lutita) basada en la fracturación hidráulica (fracking), con la quiebra el 1 de abril de la productora Whiting Petroleum Corporation (con proyectos en Dakota del Norte y Colorado), primera víctima de la guerra de precios del crudo, que en los próximos días podría arrastrar a otras 50 compañías del sector. Con lo que Venezuela, con las reservas más grandes de hidrocarburos del mundo, vuelve a ser el objetivo principal de Washington, en su pugna geopolítica con las potencias que le disputan la hegemonía del sistema capitalista.

Tomado de: https://rebelion.org/el-fiscal-barr-la-dea-y-el-mito-del-cartel-de-los-soles/

Los bonos verdes cumplen 10 años: un modelo para fomentar la sostenibilidad en los mercados de capital

La llamada telefónica a la Tesorería del Banco Mundial fue sorpresiva: a fines de 2007, un grupo de fondos de pensiones suecos querían invertir en proyectos sobre el clima, pero no sabían cómo encontrar ese tipo de proyectos. Lo que sí sabían era adónde recurrir para pedir ayuda, y decidieron llamar al Banco Mundial. Menos de un año después, el Banco Mundial emitió el primer bono verde y, con ello, creó una nueva forma de conectar el financiamiento de los inversionistas con proyectos sobre el clima.

Los bonos son, básicamente, un acuerdo en virtud del cual los emisores toman en préstamo fondos de inversionistas y deben reembolsar dichos fondos a una tasa convenida al cabo de un plazo especificado. Gobiernos, empresas y muchas otras entidades emiten bonos para obtener financiamiento para proyectos. Emitir un bono no era novedad para el Banco Mundial. La institución viene haciéndolo desde 1947 para movilizar financiamiento en los mercados de capital para sus proyectos de desarrollo, pero nunca se había probado el concepto de un bono dedicado a un tipo específico de proyectos. La emisión del bono verde se convirtió en un acontecimiento histórico que cambió fundamentalmente la manera en que los inversionistas, los expertos en desarrollo, los responsables de la formulación de políticas y los científicos trabajan unidos.

Una cruda advertencia

En 2017, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) —organismo de las Naciones Unidas que provee datos científicos sobre el cambio climático y sus efectos políticos y económicos— publicó un informe que relacionaba indiscutiblemente la actividad humana con el calentamiento global. Esa conclusión, sumada al aumento de los desastres naturales, motivó a un grupo de fondos de pensiones suecos a reflexionar sobre cómo podrían utilizar los ahorros que administraban para encontrar una solución. Se contactaron con su banco, Sandinaviska Enskilda Banken AB (SEB), para ver qué se podía hacer. Y fue el SEB el que hizo la conexión entre el financiamiento que buscaba reducir los riesgos para los inversionistas y producir un impacto positivo, por un lado, y el Banco Mundial, con sus amplios conocimientos sobre inversiones en proyectos ambientales en todo el mundo, por el otro.

Ideas innovadoras

En retrospectiva, la solución parece sencilla. Los inversionistas querían un lugar seguro donde invertir su dinero y saber que estaban marcando una diferencia. El Banco Mundial tenía proyectos sobre medio ambiente que necesitaban financiamiento, contaba con un buen historial como emisor de bonos de alta calidad y tenía la capacidad de preparar informes sobre el impacto de sus proyectos. Pero faltaba un elemento: ¿cómo podrían los inversionistas tener la certeza de que los proyectos que estaban financiando abordaban problemas relacionados con el cambio climático?

Esto motivó otra llamada telefónica, esta vez al Centro de Investigación Internacional sobre el Clima y el Medio Ambiente (CICERO), un centro interdisciplinario de investigaciones climáticas con sede en Oslo. Los científicos de CICERO eran los principales expertos en la materia. Podían dar una opinión creíble acerca de si un proyecto tendría un impacto positivo en el medio ambiente.

Posteriormente, hubo muchas conversaciones más entre los fondos de pensiones, el SEB, CICERO y la Tesorería del Banco Mundial. Con frecuencia, el debate no fue fácil, especialmente dado que la mayoría de las veces, las distintas organizaciones tenían distintos puntos de vista, y era difícil salvar la brecha entre financiamiento, desarrollo y ciencia.

Un compromiso conjunto para encontrar una solución

Finalmente, en noviembre de 2008 se alcanzó el éxito con la emisión del bono verde del Banco Mundial, que sirvió de modelo del mercado actual de bonos verdes. Se definieron los criterios para seleccionar proyectos que se financiarían con bonos verdes; se incluyó a CICERO para que proporcionara una segunda opinión, y se agregó la presentación de informes de impacto como una parte integral del proceso. También se probó un nuevo modelo de colaboración entre inversionistas, bancos, organismos de desarrollo y científicos. En definitiva, el bono fue el resultado del compromiso, la perseverancia y la determinación de todos los actores para encontrar una solución.

El bono verde del Banco Mundial permitió crear conciencia sobre los desafíos del cambio climático y mostró las posibilidades que tienen los inversionistas de apoyar soluciones para abordar el cambio climático a través de inversiones seguras sin renunciar a la rentabilidad financiera. Esto constituyó la base de los principios de los bonos verdes (i) coordinados por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA). Además, se puso de relieve el valor social que podían crear los bonos, y la necesidad de una mayor atención en la transparencia.

 

Desde entonces, el Banco Mundial ha recaudado más de USD 13 000 millones de inversionistas institucionales y minoristas de todo el mundo a través de casi 150 bonos verdes en 20 monedas. 

Al cierre del ejercicio de 2018, había 91 proyectos admisibles y compromisos por un total de USD 15 400 millones. De esos compromisos, se asignaron y desembolsaron USD 8500 millones en concepto de importes de bonos verdes para financiar proyectos en 28 países, y aún faltaba desembolsar otros USD 6800 millones.

Al 30 de junio de 2018, los proyectos de energía renovable y eficiencia energética, y los de transporte limpio, representaban los sectores más importantes de la cartera de proyectos admisibles para la utilización de bonos verdes. En conjunto, estos dos sectores conforman aproximadamente el 69 % de los compromisos con bonos verdes.

El primer informe del Banco Mundial sobre el impacto de los bonos verdes (i) es ampliamente reconocido por el mercado como un estándar y modelo de informe sobre el impacto de estos instrumentos. Entre otros emisores de bonos verdes hay, actualmente, empresas y bancos de todos los tamaños y de diversos países. Todos los emisores llevan a cabo mediciones y seguimientos y presentan informes sobre el impacto social y ambiental de sus inversiones. Fannie Mae es el mayor emisor de bonos verdes en términos de volumen en un solo año. El año pasado, Fiji se transformó en el primer mercado emergente del mundo en emitir un bono verde soberano. Todos los bancos que participan en los mercados de capital internacionales cuentan con personal dedicado al financiamiento mediante bonos verdes o sostenibles. Se están incorporando criterios sobre financiamiento verde en los préstamos. Existe una industria de proveedores que dan una segunda opinión y de verificadores, incluidas agencias de calificación y otras que proporcionan información a los inversionistas y a los emisores que los respaldan. Además, el concepto de los bonos verdes se ha ampliado a otros bonos etiquetados, como los bonos sociales y los bonos azules.

¿Cómo ayudan los bonos verdes a abordar el cambio climático?

Los bonos verdes crean conciencia acerca de los desafíos del cambio climático y muestran las posibilidades que tienen los inversionistas institucionales de apoyar inversiones climáticamente inteligentes a través de instrumentos líquidos sin renunciar a obtener una rentabilidad financiera. Además, ponen de relieve el valor social de las inversiones de renta fija y la necesidad de una mayor atención en la transparencia. Los primeros bonos verdes constituyeron la base de los principios internacionales de los bonos verdes coordinados por ICMA.

"Tenemos que actuar con determinación frente al cambio climático", dijo Kristalina Georgieva, presidenta interina del Grupo Banco Mundial y directora general del Banco Mundial. "Las opciones son simples: continuamos actuando como lo hemos hecho hasta ahora y esperamos que todo salga lo mejor posible, o actuamos ya para construir un futuro resiliente. Es posible que nuestra generación no sea capaz de resolver todos los problemas relacionados con el cambio climático, pero podemos hacer nuestra parte y dejar un planeta mejor a la próxima generación".

Los bonos verdes han cambiado el comportamiento de los inversionistas: han transcurrido 10 años y ahora los inversionistas publican sus nombres y proporcionan cotizaciones cuando compran bonos verdes u otros bonos etiquetados; además, son mucho más conscientes del poder que tienen para apoyar iniciativas con sus inversiones.

Una revolución sostenible

Diez años después, los mercados de capital han evolucionado de ser un mercado en que los inversionistas sabían y se preocupaban poco de lo que financiaban sus inversiones, a uno en que los objetivos importan más que nunca. La premisa básica de los bonos verdes, con su modelo para la selección de proyectos, una segunda opinión y la presentación de informes de impacto, se está aplicando en otras áreas. Como resultado, actualmente existen bonos sociales, bonos azules y otros que recaudan financiamiento para fines de desarrollo específicos. Todos esos bonos siguen el modelo de los bonos verdes, que pone énfasis en la elaboración de informes de impacto. Desde 2008 se han emitido más de USD 500 000 millones en estos tipos de bonos etiquetados.

"Los inversionistas quieren inversiones competitivas, pero observamos que cada vez son más los inversionistas que también desean invertir su dinero de una manera que produzca un impacto positivo y cuantificable en la sociedad", dijo Heike Reichelt, jefa de Relaciones con los Inversionistas y Nuevos Productos de la Tesorería del Banco Mundial.

El interés de los inversionistas en los objetivos sociales y ambientales de sus inversiones indica un cambio fundamental en el mercado de bonos. Ellos entienden el poder que tienen para apoyar iniciativas que son importantes para las partes interesadas, y que no necesitan renunciar a la posibilidad de obtener una rentabilidad financiera. También quieren tener datos que muestren cómo están abordando los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, particularmente porque comprenden cada vez mejor que, además de crear valor social, están mitigando los riesgos de sus propias inversiones. Un emisor con buenas prácticas en materia de sostenibilidad suele hacer una mejor inversión. Los emisores están reaccionando. Están colaborando con los inversionistas para mostrarles por qué sus bonos brindan oportunidades para obtener una rentabilidad financiera y también social.

Los inversionistas están mirando más allá del mercado de los bonos etiquetados, que es limitado, para entender la manera en que los emisores utilizan sus inversiones. Ese mercado es mucho más grande —tan solo el Banco Mundial emite USD 50 000 millones al año en bonos de desarrollo sostenible (i) para sus préstamos de desarrollo.

Esta revolución la iniciaron los bonos verdes. En términos más generales, el objetivo es continuar la revolución y el impulso para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a más tardar en 2030. La estructura de los bonos y los informes correspondientes serán cada vez más complejos, y llegará el día en que cada inversionista se pregunte: "¿Qué impacto han tenido mis inversiones? ", y esperará recibir como respuesta datos claros y convincentes. Queda un largo trecho por recorrer, pero el imperativo que representa el cambio climático, la necesidad de actuar con urgencia, el poder de los mercados de capital, y el compromiso de los inversionistas de hacer buenos negocios haciendo el bien llevarán al éxito al financiamiento para el desarrollo. 

Tomado de: https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2019/03/18/10-years-of-green-bonds-creating-the-blueprint-for-sustainability-across-capital-markets

El hombre de la ‘bombilla que no se apaga nunca’ no encuentra a nadie que la comercialice

Hace ya un tiempo que Benito Muros creó el que parecía que iba a ser el invento del siglo: una bombilla que nunca se gastaba, poniendo así jaque a la obsolescencia programada. “Un modelo económico sostenible, justo y solidario”, tal y como el propio Muros asegura en sus redes sociales.

Para crearla, el investigador se inspiró en una bombilla de un parque de bomberos de Livermore, California, que lleva encendida más de 100 años. Pero la idea no hizo demasiada gracia a la competencia, hasta el punto de que llegaron a amenazarle de muerte. A eso se le suma otro problema que todavía hoy arrastra: no conseguir nadie que quiera comercializarla.

El ingeniero ha reconocido en una entrevista a Cinco Días que “ya en 2016, dos empresas catalanas se interesaron por la idea, pero ninguna cadena estaba dispuesta a vender una bombilla que no se estropease”. 

No obstante, parece que la situación habría cambiado después de que se viralizara este año una entrevista que le hizo TVE en 2012, pues ha empezado a recibir llamadas de distribuidores que le plantean, entre otras opciones, vender su producto por Amazon. “Pero no tenemos medios para fabricar las bombillas a esa escala”, se lamenta. De ahí la necesidad de asociarse con una empresa más grande que decida invertir.

Quien también se ha interesado, según reconoce al citado medio, es “una firma estadounidense”. Sin embargo, asegura que “no voy a firmar el acuerdo, porque pasarían a controlar más del 50% de la empresa, lo que les permitiría cambiar el proyecto y no podría hacer nada por evitarlo”.

Tomado de: https://www.lavanguardia.com/vida/20190818/464139357369/benito-muros-bombilla-nunca-se-apaga-comercializar.html

Huawei y el lobby chino de la ciberseguridad contraatacan

Por: Daniel Toledo

Con presencia en más de 100 países y centros de investigación en Europa, Estados Unidos, América Latina, India y Rusia, la vida de una multinacional como Huawei es una lucha constante en infinitos frentes. Cuando ya en 2016 el Pentágono prohibió la venta de dispositivos Huawei y ZTE en comercios que se encuentren dentro o próximos a bases militares estadounidenses, el futuro panorama –el actual– debió aparecer muy nítido a los ojos de los directivos de la empresa.  

Y por supuesto actuaron en consecuencia. Esto es lo que se desprende de los datos que maneja la Corporate Europe Observatory (CEO), una ONG que trabaja desde Bruselas fiscalizando a las empresas que realizan trabajos de lobby en las instituciones de la UE. En un informe llamado Follow the New Silk Road: China’s growing trail of think tanks and lobbyists in Europe (en traducción libre, “Sigue la Nueva Ruta de la Seda: China refuerza su presencia en laboratorios de ideas y grupos de presión en Europa”), se cuenta la enorme importancia que las instituciones europeas (y los funcionarios que las dirigen) dan a la estrategia china de resucitar los circuitos comerciales y económicos que una vez formaron la Ruta de la Seda.  

Antes de hablar de los planes del primer ministro chino, Xi Jinping, de reabrir estas nuevas rutas comerciales con el apoyo de la UE, proyecto que el propio Jinping denominó Belt and Road Iniciative (Iniciativa de la Franja y la Ruta, o BRI, por sus siglas en inglés), conviene observar la idiosincrasia política china. Más allá de la visibilidad mediática de las empresas de tecnología chinas, la adquisición, custodia e intercambio de datos e información es crucial para los futuros planes del país asiático. 

A diferencia de Trump, Barack Obama, Angela Merkel o cualquier otro dirigente occidental e incluso de parte de América Latina, cuyos efímeros mandatos relegan sus planes de gobierno a operaciones de corto alcance, los dirigentes chinos son auténticos expertos en planes a largo, muy largo plazo. Sólo hay que ver la revolución iniciada, en los años 60, por Deng Xiaoping, miembro del Comité Permanente del Buró Político y secretario central del Comité Central hasta 1966, además de secretario general del Partido y otros cargos relevantes hasta el año 87.  

La revolución ideada por Deng Xiaoping no era proletaria ni campesina, sino todo lo contrario. Su revolución era un guantazo a las ideas de Mao para tomar el camino contrario y liberalizar la economía china, lo que de hecho le envió al exilio durante los últimos años de vida de Mao, tras cuya muerte volvió a adquirir el poder perdido. Su plan: convertir al país en la fábrica del mundo, abriendo centros de producción y fábricas; comenzarían por la costa, y se irían expandiendo hacia el interior como una mancha de aceite. Luego copiarían y piratearían tecnología, ideas y patentes de todo el mundo para desarrollarlas a más bajo costo, hasta poder crear ellos sus propias tecnologías y dinámicas productivas. Cincuenta y pocos años, pero autoritarios, después, los frutos de las políticas de Xiaoping han llevado al país a ser la segunda potencia económica del mundo.  

Y en éstas llega octubre de 2013 y la Belt and Road Iniciative es presentada al mundo por el actual presidente de China, Xi Jinping, al que muchos consideran el dirigente chino cuyo poder e invulnerabilidad sólo pueden compararse a los que alcanzó Mao Zedong. Tan invulnerable que, en marzo de 2018, consiguió eliminar el límite de dos mandatos presidenciales de cinco años cada uno que figuraba en la Constitución. Una vez más, China cuenta con planes a muy largo plazo, porque Xi Jinping puede aguantar en el puesto hasta que dé con sus huesos en la tumba. 

El informe de la ONG Corporate Europe Observatory pone de manifiesto los movimientos que Huawei, en sintonía con los postulados del Gobierno chino, lleva años haciendo para influir en las estructuras de poder y económicas europeas. Su autora, que en conversaciones con CTXT pidió permanecer en el anonimato (ya que, según cuenta, trabaja “investigando otros países muy poco democráticos”), desgrana los diversos equipos que China y sus empresas utilizan para cabildear dentro y fuera del corazón de la Unión Europea.  

Según la autora, “Huawei está dejando de lado el trabajo de lobby en Estados Unidos, reduciéndolo a algo residual, porque se han dicho ‘ah, ok, con la administración Trump no vamos a conseguir más que esto’. En Europa no tenemos información actualizada, pero todas las señales apuntan a que están redoblando su actividad”. Los datos sobre grupos de presión, o lobbies, facilitados por la propia Comisión Europea llegan solo hasta 2017, casi dos años antes de que el presidente norteamericano Donald Trump realizara su movimiento para paralizar la creciente influencia internacional de Huawei, pero ya los números de ese año son espectaculares.  

“Con estos datos (de 2017) podemos ver que están gastando en trabajos de lobby más de dos millones de euros al año (concretamente, 2.190.000)”, asegura la experta. La diferencia entre estas cantidades y las manejadas por el Senado de Estados Unidos para ese mismo año es inmensa, ya que Huawei gastó sólo 60.000 dólares en trabajos de presión en el país norteamericano. En realidad, hasta ahora, siempre había sido la otra gran empresa de tecnología china, ZTE Corp., la que había mostrado un mayor interés en el mercado estadounidense. Tanto es así que en 2018 invirtió en trabajos de presión en Estados Unidos 3,7 millones de dólares, y 1,4 millones en lo que va de año. Lo que está por ver es si ZTE seguirá los pasos de Huawei y volverá la espalda a la caprichosa administración Trump para orientar su mirada a la otra orilla del Atlántico.  

Los movimientos a escala internacional de Huawei, ZTE y el resto de las multinacionales chinas no son meras estrategias de mercado. También constituyen maniobras diplomáticas del Gobierno chino para estimular la economía del país dentro y fuera de sus fronteras. La autora del informe del CEO lo explica: “Los acuerdos de Huawei y el Gobierno chino dentro de la Belt and Road Iniciative son ligeramente diferentes a los realizados entre empresas y gobiernos de otros países. Huawei es una empresa privada, pero sabemos que en China las grandes corporaciones cuentan en su seno con comités del Partido Comunista, y no puedes llegar a ser una empresa de éxito sin contar con estas conexiones políticas”.

Resulta un tanto obscena la relación poliamorosa entre gobiernos y empresas cuando se trata de China y las instituciones europeas. Tanto las compañías de tecnología asiáticas como ambos gobiernos utilizan sin pudor firmas y grupos de presión para influirse los unos a los otros. Es el caso de la firma ChinaEu, en cuya web aseguran ser “una colaboración público-privada de alto nivel para la tecnología de la información y las comunicaciones, conectando a la comunidad empresarial de China y de la UE con las instituciones europeas y el Gobierno chino”. La firma tiene sede en Bruselas, a cuatro minutos a pie de la Comisión Europea para Cooperación y Desarrollo Internacional, y entre los socios inversores destaca uno: Tencent Holdings. 

Tencent es la creadora de WeChat, la red social y servicio de mensajería con más de 1.000 millones de usuarios en China, usuarios cuyos datos personales Tencent puso en manos del Gobierno en septiembre de 2018. Tencent no sólo ha sido acusada de montar el sistema de censura más amplio y complicado de la Historia a través de WeChat, sino que también ha sido la encargada, incentivada por el Gobierno chino, de montar el Social Credit System (Sistema de Créditos Sociales), un distópico sistema de puntos basado en el comportamiento de las personas, que premiará, o castigará, según el civismo que demuestren para con el Gobierno, el gasto mensual en compras o la “confianza”. 

Por su parte, el caso de Huawei es tan paradigmático que en el informe del CEO merece un capítulo aparte. La oficina central de la empresa en Europa se encuentra a 15 minutos de la sede en Bruselas del Parlamento Europeo, por supuesto no por mera coincidencia. Según relata la creadora del informe, “la empresa cuenta con asesores profesionales dentro del establishment europeo. Por ejemplo, contrató al ex jefe de la Oficina de Información del Gobierno británico, John Suffolk, como director de Ciberseguridad Global, y al ex comisario europeo francés Serge Abou, que pasó directamente a Huawei después de seis años como embajador de la UE en Beijing”. Los propios datos de la UE revelan que la empresa ha recibido, bien sea en forma de financiación pública desde la Comisión Europea, o en forma de financiación a nivel nacional por parte de Estados miembros, 2,9 millones de euros, aunque no se especifica el período.  

En los últimos cinco años, la filial de Huawei en Europa ha tenido 46 reuniones (las que se han podido confirmar) con altos cargos de la Comisión Europea. Los temas clave en las conversaciones son la privacidad y la ciberseguridad. Pero lo que está en juego es la credibilidad de la empresa y sus conexiones con el Gobierno chino. Y para esto está utilizando varias firmas de lobby a nivel europeo y nacional.  

En 2017, la empresa de tecnología contrató los servicios de la agencia belga Ogilvy Social Lab, especializada en relaciones públicas, en la cual invirtió entre 200.000 y 299.999 euros. Según su registro en el portal de transparencia de la UE, la firma se promociona como “expertos en proteger y mejorar la reputación global de empresas, marcas, organizaciones y gobiernos”. 

Durante el mismo año, Huawei contrató por entre 100.000 y 199.999 euros al bufete de abogados alemán Alber & Geiger, que, según el informe del CEO, “se enorgullece de traer a Bruselas el lobbying al estilo americano”. En la propia web de la agencia de lobby, afirman que su estrategia es la de “abordar a miembros clave del Parlamento Europeo en todos los comités relevantes y a lo largo de todo el espectro político”.

La autora del informe del CEO pone el acento en la colaboración de Huawei con España. En concreto, afirma que la empresa de tecnología firmó un memorándum de entendimiento (acuerdo de colaboración firmado por ambas partes que dispone acciones futuras en común) con el INCIBE (Instituto Nacional de Seguridad), que fue corroborado en el Mobile World Congress (Congreso Mundial del Móvil) en 2016. “Esto me resulta preocupante”, asegura la autora, “porque es el único acuerdo firmado en Europa (por Huawei) para cooperar en ciberseguridad con una agencia gubernamental”.  

En 2017, Huawei entró a formar parte de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la CEOE, y un año más tarde, en 2018, los gobiernos chinos y español llevaban de la mano a Telefónica y a Huawei para firmar un acuerdo bilateral de cooperación para desarrollar en España el 5G, la fibra óptica y otros servicios digitales. Nuestro país es, sin duda, un actor crucial en los planes tanto de Huawei para convertirse en el mentor europeo en ciberseguridad y tecnología 5G, como de China en su cruzada por retomar las antiguas rutas comerciales y económicas de la ruta de la seda y desbancar, así, a Estados Unidos del primer puesto en las economías del planeta.  

El acuerdo entre Huawei y el Gobierno español para “impulsar la ciberseguridad en España” choca en cuanto al objetivo. Y esto es porque, si bien no existe ninguna prueba de que Huawei haya hecho o hará un uso ilícito de datos o información, o de que haya cometido o esté cometiendo espionaje usando su tecnología, esta especulación no es en absoluto descabellada. Por no hablar del dudoso hecho de firmar un acuerdo para la fibra óptica y el 5G con un país que, por cuarto año consecutivo, fue catalogado como el peor país del mundo para la libertad en internet por la ONG independiente Freedom House. 

Como decíamos al principio de este texto, estos son planes diseñados a muy largo plazo, y en la mira del Gobierno chino están no sólo España y el resto de Europa, sino muchos países de la antigua Ruta de la Seda, Mongolia, Tayikistán, Arabia Saudí, Uzbekistán, Pakistán, Irán, Vietnam, Sri Lanka, Malasia, Indonesia, Laos, Turquía, Kenia, Egipto, Rusia y, al otro lado del océano, muchos de América Latina como Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, República Dominicana y por supuesto Venezuela y Cuba, con construcción de carreteras, vías de tren, puertos, aeropuertos y, en definitiva, todo tipo de infraestructuras donde todos los caminos converjan en China.

Tomado de: https://ctxt.es/es/20190807/Politica/27565/Daniel-Toledo-china-ZTE-Huawei-tecnologia-Trump-UE-ciberseguridad.htm

Causas y efectos de la devaluación del peso colombiano y su incidencia en Venezuela.

 Por: Oscar Javier Forero

En Venezuela existe un creciente proceso de desmonetización, es decir de pérdida de uso en el signo monetario nacional, el bolívar. Las razones son varias pero principalmente podemos citar la hiperinflación, la escasez de billetes, los constantes cortes eléctricos y de internet, la alta incertidumbre y por supuesto la enorme volatilidad que se genera por dos causas especificas: la devaluación arbitraria de la moneda que hace que el dólar oficial del Banco Central de Venezuela esté obligadamente siguiéndole los pasos al dólar paralelo y no viceversa, y la propia inacción del banco, que aún cuando ha querido aplicar medidas de política monetaria y cambiaria terminan aisladas, convertidas en verdaderas islas, dada la intensidad de la crisis.

El proceso de desmonetización ha traído consigo, a modo de sustituto, el incremento en la circulación de algunas monedas que anteriormente lo hacían pero en menor medida, casos específicos como el dólar estadounidense (US$) que cubre casi la totalidad del país y el peso colombiano (COP) que transita libremente en el occidente, con especial acentuación en los estados fronterizos. Otro sustituto importante del bolívar han sido las monedas virtuales, principalmente bitcoin (BT) con la cual se hacen gigantescas y voluminosas transacciones a diario. En menor medida y particularmente en el sur-este del territorio nacional circula el oro como medio de intercambio comercial; mientras que de manera no generalizada pero en la amplitud de nuestra vasta geografía, algunas veces producto de procesos de organización popular y otras, obligados, por la apremiante necesidad, se efectúa la complementariedad a través del trueque.

El peso colombiano es hoy más aceptado en ciudades como San Cristóbal que el propio bolívar. En zonas como San Antonio o Ureña en el estado Táchira nuestro signo monetario ha quedado prácticamente desplazado en su totalidad lo que evidentemente representa un pérdida de soberanía que tardará muchos años en recobrarse. Esta sustitución de monedas no ha sido impedimento para el comercio informal que tiende a mutarse de acuerdo a los escenarios; desde hace un buen tiempo el contrabando de productos de primera necesidad desde Venezuela hacia Colombia ha desaparecido, aún sobreviven contadas excepciones en productos que pasan al otro lado de la frontera a granel y son empacados a pocos metros de la linea internacional como “producto colombiano”.

El grueso del contrabando se da ahora desde Colombia hacia Venezuela, a diario miles de ciudadanos no solo del occidente del país, sino de la región capital y hasta del oriente venezolano, calculados en torno a las 50.000 de personas en promedio, cruzan los puentes internacionales en búsqueda de una mayor oferta de productos a precios generalmente más económicos (todo depende del valor de transa del peso con respecto al bolívar).

Precisamente este valor de transa de pesos a bolívares se efectúa a través de la división del valor del dólar en Colombia y el valor del dólar en Venezuela, como el dólar en nuestro país es altamente volátil la relación coloca en un estado de fortaleza al peso con respecto al bolívar.

No obstante en los últimos días el peso colombiano ha venido depreciándose a valores históricos, lo que sin duda alguna traerá implicaciones para los precios no solo del lado colombiano sino también para los precios de los bienes, especialmente de primera necesidad, del lado venezolano. A pesar de que el COP es parte de las monedas más baratas o depreciadas del mundo, junto a un grupo de economías de la periferia (incluyendo Venezuela), es también justo reconocer que en los últimos años había venido gozando de una destacada estabilidad.

Entre 2015 y 2018 el valor promedio anualizado del dólar con respecto al peso varió tan solo + 7,8%, otras monedas latinoamericanas variaron en el mismo período muy por encima de éste valor, así tenemos al peso mexicano + 21,28%, el real brasileño + 10,21%, el peso uruguayo + 12,96% y el peso argentino + 309%. Solo a modo de entender el por qué el bolívar pierde constantemente terreno incluso en su propia casa y con monedas consideradas baratas a nivel mundial (como el caso del peso), durante 2015 y 2018 la variación entre el dólar y nuestro signo monetario fue de 2,83 millones por ciento.

En las últimas dos semanas ha habido una importante devaluación del COP, llegando el dólar a valorizarse con respecto a éste en + 7,98%, lo que evidencia una variación mayor que la registrada durante el período 2015-2018. Esta situación para nada normal en una economía que ha sabido mantener estabilizada la divisa norteamericana en un rango que oscila entre los 2900 y 3200 pesos por dólar, tiene como principal impulsor la llamada guerra comercial entre Estados Unidos y China. Este acrecentado proteccionismo norteamericano realmente representa una guerra por la hegemonía de los tradicionales Estados-Naciones que conocemos: por un lado la administración Trump tratando de recuperar terreno perdido, cosa que difícilmente conseguirá, y por otro China que desde hace años comienza a desplazar en la supremacía a Washington. Pero, ni lo uno ni lo otro, el mundo que tenemos a la vuelta de la esquina no tendrá supremacía de Estados sino de Corporaciones, para muestra véase a gigantes como Google, solo que esto ya es harina de otro costal.

A pesar que el gobierno colombiano esperaba un incremento en las exportaciones producto de las medidas arancelarias de Trump contra China esto no ha sido así, los últimos reportes oficiales de la Casa de Nariño hablan de caídas en el nivel de exportaciones lo que ha conducido a abaratar la moneda. Más recientemente la Reserva Federal de los EEUU, abiertamente presionada por Trump, decidió bajar por primera vez, desde 2008, las tasas de interés, lo que evidencia un intento por mejorar el aparato productivo, cosa que ha sido respondida inmediatamente por China devaluando el yen y empujando hacia abajo a las monedas de las economías emergentes y de la periferia. Sobre este asunto es importante entender que tanto los unos como los otros (es decir las economías emergentes y la periferia) son peones, con muy poca soberanía, dentro del aparataje mundial.

Esta disminución de la tasa de interés de 2,5 a 2,25% podría conducir a los Estados Unidos, en un intento desesperado por contener a China, a buscar el llamado interés negativo, cosa que aunque pareciese absurda para el común de la población, puesto que implica invertir los papeles (el prestamista le debe pagar intereses al prestatario), ha sido ampliamente usado en países altamente endeudados como Japón y en economías que buscan incentivar a como dé lugar la producción como Alemania, es tal la tendencia que por lo menos 13 billones de dólares (13.000.000.000.000) en bonos, lo que equivale a más del 60% del PIB de los Estados Unidos, se encuentra en este momento con rentabilidades por debajo de cero.

A primera vista la devaluación del peso significaría la revaluación del bolívar, si recordamos que la formula usada para el cálculo del valor de transa entre uno y otro es el costo del dólar en pesos (COP) entre el costo del dólar en bolívares (VEF), es decir:

US$ (Cop) / US$ (Vef)

Se podría llegar fácilmente a esa aseveración. Sin embargo, esto no ha sido así. Como ya dijimos, el dólar en Colombia ha incrementado su valor en las últimas dos semanas en + 7,98%, solo que en ese mismo período el dólar en Venezuela ha aumentado + 24,76%, el retroceso del bolívar frente al peso y el dólar ha continuado, solo que el peso también ha retrocedido, pero en menor medida, ante el dólar.

Esta situación de depreciación del peso colombiano incrementará los niveles de inflación para 2019, estimados por el gobierno de Iván Duque en 3%. En una economía como la colombiana, que en los últimos años ha sabido controlar las variables macroeconómicas la inflación comienza a preocupar puesto que el acumulado en la variación de precios desde enero hasta julio ya superó la barrera de los 3 puntos porcentuales y afecta con especial saña a las clases más desfavorecidas.

El incremento de precios en Colombia también golpeará el bolsillo de los venezolanos, antes de julio ya había un repunte importante en los precios de productos de primera necesidad como arroz, harina y azúcar que gozan de amplia demanda dentro de los miles de venezolanos que bien sea acuden directamente a territorio colombiano a efectuar sus compras o simplemente adquieren estos productos dentro de nuestro país no solo en ciudades del occidente sino hasta en la propia capital a revendedores informales o “bachaqueros”. La misma situación ocurrió con quienes prefieren, por la variedad y precios competitivos, comprar repuestos para los vehículos o aparatos tecnológicos en ciudades como Cúcuta.

Así pues, ante la revaluación del dólar y la caída en el peso y el bolívar, el consumidor venezolano seguirá tratando de surfear el incremento de precios, esta vez no solo evidenciará el aumento en los productos nacionales sino que también estará aprisionado por la subida en los productos traídos desde Colombia.

Si desde nuestro país se supiera sacar provecho a “desventajas” como el tener una moneda hiperdevaluada y unos costos operativos muy por debajo de los promedios de la región, otro gallo cantaría. Lamentablemente el bloqueo internacional que trata de asfixiarnos, el saboteo interno, la indiferencia, la improvisación y la falta de claridad política marchan a un paso mucho más acelerado que los aislados intentos por superar la crisis.

Oscar Javier Forero

@Oscar_forero83

Oscarjforero83@gmail.com