martes, 10 de septiembre de 2019

Los bonos verdes cumplen 10 años: un modelo para fomentar la sostenibilidad en los mercados de capital

La llamada telefónica a la Tesorería del Banco Mundial fue sorpresiva: a fines de 2007, un grupo de fondos de pensiones suecos querían invertir en proyectos sobre el clima, pero no sabían cómo encontrar ese tipo de proyectos. Lo que sí sabían era adónde recurrir para pedir ayuda, y decidieron llamar al Banco Mundial. Menos de un año después, el Banco Mundial emitió el primer bono verde y, con ello, creó una nueva forma de conectar el financiamiento de los inversionistas con proyectos sobre el clima.
Los bonos son, básicamente, un acuerdo en virtud del cual los emisores toman en préstamo fondos de inversionistas y deben reembolsar dichos fondos a una tasa convenida al cabo de un plazo especificado. Gobiernos, empresas y muchas otras entidades emiten bonos para obtener financiamiento para proyectos. Emitir un bono no era novedad para el Banco Mundial. La institución viene haciéndolo desde 1947 para movilizar financiamiento en los mercados de capital para sus proyectos de desarrollo, pero nunca se había probado el concepto de un bono dedicado a un tipo específico de proyectos. La emisión del bono verde se convirtió en un acontecimiento histórico que cambió fundamentalmente la manera en que los inversionistas, los expertos en desarrollo, los responsables de la formulación de políticas y los científicos trabajan unidos.

Una cruda advertencia
En 2017, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) —organismo de las Naciones Unidas que provee datos científicos sobre el cambio climático y sus efectos políticos y económicos— publicó un informe que relacionaba indiscutiblemente la actividad humana con el calentamiento global. Esa conclusión, sumada al aumento de los desastres naturales, motivó a un grupo de fondos de pensiones suecos a reflexionar sobre cómo podrían utilizar los ahorros que administraban para encontrar una solución. Se contactaron con su banco, Sandinaviska Enskilda Banken AB (SEB), para ver qué se podía hacer. Y fue el SEB el que hizo la conexión entre el financiamiento que buscaba reducir los riesgos para los inversionistas y producir un impacto positivo, por un lado, y el Banco Mundial, con sus amplios conocimientos sobre inversiones en proyectos ambientales en todo el mundo, por el otro.



Ideas innovadoras
En retrospectiva, la solución parece sencilla. Los inversionistas querían un lugar seguro donde invertir su dinero y saber que estaban marcando una diferencia. El Banco Mundial tenía proyectos sobre medio ambiente que necesitaban financiamiento, contaba con un buen historial como emisor de bonos de alta calidad y tenía la capacidad de preparar informes sobre el impacto de sus proyectos. Pero faltaba un elemento: ¿cómo podrían los inversionistas tener la certeza de que los proyectos que estaban financiando abordaban problemas relacionados con el cambio climático?
Esto motivó otra llamada telefónica, esta vez al Centro de Investigación Internacional sobre el Clima y el Medio Ambiente (CICERO), un centro interdisciplinario de investigaciones climáticas con sede en Oslo. Los científicos de CICERO eran los principales expertos en la materia. Podían dar una opinión creíble acerca de si un proyecto tendría un impacto positivo en el medio ambiente.
Posteriormente, hubo muchas conversaciones más entre los fondos de pensiones, el SEB, CICERO y la Tesorería del Banco Mundial. Con frecuencia, el debate no fue fácil, especialmente dado que la mayoría de las veces, las distintas organizaciones tenían distintos puntos de vista, y era difícil salvar la brecha entre financiamiento, desarrollo y ciencia.

Un compromiso conjunto para encontrar una solución
Finalmente, en noviembre de 2008 se alcanzó el éxito con la emisión del bono verde del Banco Mundial, que sirvió de modelo del mercado actual de bonos verdes. Se definieron los criterios para seleccionar proyectos que se financiarían con bonos verdes; se incluyó a CICERO para que proporcionara una segunda opinión, y se agregó la presentación de informes de impacto como una parte integral del proceso. También se probó un nuevo modelo de colaboración entre inversionistas, bancos, organismos de desarrollo y científicos. En definitiva, el bono fue el resultado del compromiso, la perseverancia y la determinación de todos los actores para encontrar una solución.

El bono verde del Banco Mundial permitió crear conciencia sobre los desafíos del cambio climático y mostró las posibilidades que tienen los inversionistas de apoyar soluciones para abordar el cambio climático a través de inversiones seguras sin renunciar a la rentabilidad financiera. Esto constituyó la base de los principios de los bonos verdes (i) coordinados por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA). Además, se puso de relieve el valor social que podían crear los bonos, y la necesidad de una mayor atención en la transparencia.
 

Desde entonces, el Banco Mundial ha recaudado más de USD 13 000 millones de inversionistas institucionales y minoristas de todo el mundo a través de casi 150 bonos verdes en 20 monedas. 
Al cierre del ejercicio de 2018, había 91 proyectos admisibles y compromisos por un total de USD 15 400 millones. De esos compromisos, se asignaron y desembolsaron USD 8500 millones en concepto de importes de bonos verdes para financiar proyectos en 28 países, y aún faltaba desembolsar otros USD 6800 millones.
Al 30 de junio de 2018, los proyectos de energía renovable y eficiencia energética, y los de transporte limpio, representaban los sectores más importantes de la cartera de proyectos admisibles para la utilización de bonos verdes. En conjunto, estos dos sectores conforman aproximadamente el 69 % de los compromisos con bonos verdes.

El primer informe del Banco Mundial sobre el impacto de los bonos verdes (i) es ampliamente reconocido por el mercado como un estándar y modelo de informe sobre el impacto de estos instrumentos. Entre otros emisores de bonos verdes hay, actualmente, empresas y bancos de todos los tamaños y de diversos países. Todos los emisores llevan a cabo mediciones y seguimientos y presentan informes sobre el impacto social y ambiental de sus inversiones. Fannie Mae es el mayor emisor de bonos verdes en términos de volumen en un solo año. El año pasado, Fiji se transformó en el primer mercado emergente del mundo en emitir un bono verde soberano. Todos los bancos que participan en los mercados de capital internacionales cuentan con personal dedicado al financiamiento mediante bonos verdes o sostenibles. Se están incorporando criterios sobre financiamiento verde en los préstamos. Existe una industria de proveedores que dan una segunda opinión y de verificadores, incluidas agencias de calificación y otras que proporcionan información a los inversionistas y a los emisores que los respaldan. Además, el concepto de los bonos verdes se ha ampliado a otros bonos etiquetados, como los bonos sociales y los bonos azules.

¿Cómo ayudan los bonos verdes a abordar el cambio climático?

Los bonos verdes crean conciencia acerca de los desafíos del cambio climático y muestran las posibilidades que tienen los inversionistas institucionales de apoyar inversiones climáticamente inteligentes a través de instrumentos líquidos sin renunciar a obtener una rentabilidad financiera. Además, ponen de relieve el valor social de las inversiones de renta fija y la necesidad de una mayor atención en la transparencia. Los primeros bonos verdes constituyeron la base de los principios internacionales de los bonos verdes coordinados por ICMA.
"Tenemos que actuar con determinación frente al cambio climático", dijo Kristalina Georgieva, presidenta interina del Grupo Banco Mundial y directora general del Banco Mundial. "Las opciones son simples: continuamos actuando como lo hemos hecho hasta ahora y esperamos que todo salga lo mejor posible, o actuamos ya para construir un futuro resiliente. Es posible que nuestra generación no sea capaz de resolver todos los problemas relacionados con el cambio climático, pero podemos hacer nuestra parte y dejar un planeta mejor a la próxima generación".



Los bonos verdes han cambiado el comportamiento de los inversionistas: han transcurrido 10 años y ahora los inversionistas publican sus nombres y proporcionan cotizaciones cuando compran bonos verdes u otros bonos etiquetados; además, son mucho más conscientes del poder que tienen para apoyar iniciativas con sus inversiones.

Una revolución sostenible

Diez años después, los mercados de capital han evolucionado de ser un mercado en que los inversionistas sabían y se preocupaban poco de lo que financiaban sus inversiones, a uno en que los objetivos importan más que nunca. La premisa básica de los bonos verdes, con su modelo para la selección de proyectos, una segunda opinión y la presentación de informes de impacto, se está aplicando en otras áreas. Como resultado, actualmente existen bonos sociales, bonos azules y otros que recaudan financiamiento para fines de desarrollo específicos. Todos esos bonos siguen el modelo de los bonos verdes, que pone énfasis en la elaboración de informes de impacto. Desde 2008 se han emitido más de USD 500 000 millones en estos tipos de bonos etiquetados.
"Los inversionistas quieren inversiones competitivas, pero observamos que cada vez son más los inversionistas que también desean invertir su dinero de una manera que produzca un impacto positivo y cuantificable en la sociedad", dijo Heike Reichelt, jefa de Relaciones con los Inversionistas y Nuevos Productos de la Tesorería del Banco Mundial.

El interés de los inversionistas en los objetivos sociales y ambientales de sus inversiones indica un cambio fundamental en el mercado de bonos. Ellos entienden el poder que tienen para apoyar iniciativas que son importantes para las partes interesadas, y que no necesitan renunciar a la posibilidad de obtener una rentabilidad financiera. También quieren tener datos que muestren cómo están abordando los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, particularmente porque comprenden cada vez mejor que, además de crear valor social, están mitigando los riesgos de sus propias inversiones. Un emisor con buenas prácticas en materia de sostenibilidad suele hacer una mejor inversión. Los emisores están reaccionando. Están colaborando con los inversionistas para mostrarles por qué sus bonos brindan oportunidades para obtener una rentabilidad financiera y también social.
Los inversionistas están mirando más allá del mercado de los bonos etiquetados, que es limitado, para entender la manera en que los emisores utilizan sus inversiones. Ese mercado es mucho más grande —tan solo el Banco Mundial emite USD 50 000 millones al año en bonos de desarrollo sostenible (i) para sus préstamos de desarrollo.
Esta revolución la iniciaron los bonos verdes. En términos más generales, el objetivo es continuar la revolución y el impulso para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a más tardar en 2030. La estructura de los bonos y los informes correspondientes serán cada vez más complejos, y llegará el día en que cada inversionista se pregunte: "¿Qué impacto han tenido mis inversiones? ", y esperará recibir como respuesta datos claros y convincentes. Queda un largo trecho por recorrer, pero el imperativo que representa el cambio climático, la necesidad de actuar con urgencia, el poder de los mercados de capital, y el compromiso de los inversionistas de hacer buenos negocios haciendo el bien llevarán al éxito al financiamiento para el desarrollo. 


Tomado de: https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2019/03/18/10-years-of-green-bonds-creating-the-blueprint-for-sustainability-across-capital-markets

domingo, 18 de agosto de 2019

El hombre de la ‘bombilla que no se apaga nunca’ no encuentra a nadie que la comercialice


Hace ya un tiempo que Benito Muros creó el que parecía que iba a ser el invento del siglo: una bombilla que nunca se gastaba, poniendo así jaque a la obsolescencia programada. “Un modelo económico sostenible, justo y solidario”, tal y como el propio Muros asegura en sus redes sociales.

Para crearla, el investigador se inspiró en una bombilla de un parque de bomberos de Livermore, California, que lleva encendida más de 100 años. Pero la idea no hizo demasiada gracia a la competencia, hasta el punto de que llegaron a amenazarle de muerte. A eso se le suma otro problema que todavía hoy arrastra: no conseguir nadie que quiera comercializarla.

El ingeniero ha reconocido en una entrevista a Cinco Días que “ya en 2016, dos empresas catalanas se interesaron por la idea, pero ninguna cadena estaba dispuesta a vender una bombilla que no se estropease”. 

No obstante, parece que la situación habría cambiado después de que se viralizara este año una entrevista que le hizo TVE en 2012, pues ha empezado a recibir llamadas de distribuidores que le plantean, entre otras opciones, vender su producto por Amazon. “Pero no tenemos medios para fabricar las bombillas a esa escala”, se lamenta. De ahí la necesidad de asociarse con una empresa más grande que decida invertir.

Quien también se ha interesado, según reconoce al citado medio, es “una firma estadounidense”. Sin embargo, asegura que “no voy a firmar el acuerdo, porque pasarían a controlar más del 50% de la empresa, lo que les permitiría cambiar el proyecto y no podría hacer nada por evitarlo”.


viernes, 16 de agosto de 2019

Huawei y el lobby chino de la ciberseguridad contraatacan

Por: Daniel Toledo
Con presencia en más de 100 países y centros de investigación en Europa, Estados Unidos, América Latina, India y Rusia, la vida de una multinacional como Huawei es una lucha constante en infinitos frentes. Cuando ya en 2016 el Pentágono prohibió la venta de dispositivos Huawei y ZTE en comercios que se encuentren dentro o próximos a bases militares estadounidenses, el futuro panorama –el actual– debió aparecer muy nítido a los ojos de los directivos de la empresa.  
Y por supuesto actuaron en consecuencia. Esto es lo que se desprende de los datos que maneja la Corporate Europe Observatory (CEO), una ONG que trabaja desde Bruselas fiscalizando a las empresas que realizan trabajos de lobby en las instituciones de la UE. En un informe llamado Follow the New Silk Road: China’s growing trail of think tanks and lobbyists in Europe (en traducción libre, “Sigue la Nueva Ruta de la Seda: China refuerza su presencia en laboratorios de ideas y grupos de presión en Europa”), se cuenta la enorme importancia que las instituciones europeas (y los funcionarios que las dirigen) dan a la estrategia china de resucitar los circuitos comerciales y económicos que una vez formaron la Ruta de la Seda.  
Antes de hablar de los planes del primer ministro chino, Xi Jinping, de reabrir estas nuevas rutas comerciales con el apoyo de la UE, proyecto que el propio Jinping denominó Belt and Road Iniciative (Iniciativa de la Franja y la Ruta, o BRI, por sus siglas en inglés), conviene observar la idiosincrasia política china. Más allá de la visibilidad mediática de las empresas de tecnología chinas, la adquisición, custodia e intercambio de datos e información es crucial para los futuros planes del país asiático. 
A diferencia de Trump, Barack Obama, Angela Merkel o cualquier otro dirigente occidental e incluso de parte de América Latina, cuyos efímeros mandatos relegan sus planes de gobierno a operaciones de corto alcance, los dirigentes chinos son auténticos expertos en planes a largo, muy largo plazo. Sólo hay que ver la revolución iniciada, en los años 60, por Deng Xiaoping, miembro del Comité Permanente del Buró Político y secretario central del Comité Central hasta 1966, además de secretario general del Partido y otros cargos relevantes hasta el año 87.  
La revolución ideada por Deng Xiaoping no era proletaria ni campesina, sino todo lo contrario. Su revolución era un guantazo a las ideas de Mao para tomar el camino contrario y liberalizar la economía china, lo que de hecho le envió al exilio durante los últimos años de vida de Mao, tras cuya muerte volvió a adquirir el poder perdido. Su plan: convertir al país en la fábrica del mundo, abriendo centros de producción y fábricas; comenzarían por la costa, y se irían expandiendo hacia el interior como una mancha de aceite. Luego copiarían y piratearían tecnología, ideas y patentes de todo el mundo para desarrollarlas a más bajo costo, hasta poder crear ellos sus propias tecnologías y dinámicas productivas. Cincuenta y pocos años, pero autoritarios, después, los frutos de las políticas de Xiaoping han llevado al país a ser la segunda potencia económica del mundo.  
Y en éstas llega octubre de 2013 y la Belt and Road Iniciative es presentada al mundo por el actual presidente de China, Xi Jinping, al que muchos consideran el dirigente chino cuyo poder e invulnerabilidad sólo pueden compararse a los que alcanzó Mao Zedong. Tan invulnerable que, en marzo de 2018, consiguió eliminar el límite de dos mandatos presidenciales de cinco años cada uno que figuraba en la Constitución. Una vez más, China cuenta con planes a muy largo plazo, porque Xi Jinping puede aguantar en el puesto hasta que dé con sus huesos en la tumba. 
El informe de la ONG Corporate Europe Observatory pone de manifiesto los movimientos que Huawei, en sintonía con los postulados del Gobierno chino, lleva años haciendo para influir en las estructuras de poder y económicas europeas. Su autora, que en conversaciones con CTXT pidió permanecer en el anonimato (ya que, según cuenta, trabaja “investigando otros países muy poco democráticos”), desgrana los diversos equipos que China y sus empresas utilizan para cabildear dentro y fuera del corazón de la Unión Europea.  
Según la autora, “Huawei está dejando de lado el trabajo de lobby en Estados Unidos, reduciéndolo a algo residual, porque se han dicho ‘ah, ok, con la administración Trump no vamos a conseguir más que esto’. En Europa no tenemos información actualizada, pero todas las señales apuntan a que están redoblando su actividad”. Los datos sobre grupos de presión, o lobbies, facilitados por la propia Comisión Europea llegan solo hasta 2017, casi dos años antes de que el presidente norteamericano Donald Trump realizara su movimiento para paralizar la creciente influencia internacional de Huawei, pero ya los números de ese año son espectaculares.  
“Con estos datos (de 2017) podemos ver que están gastando en trabajos de lobby más de dos millones de euros al año (concretamente, 2.190.000)”, asegura la experta. La diferencia entre estas cantidades y las manejadas por el Senado de Estados Unidos para ese mismo año es inmensa, ya que Huawei gastó sólo 60.000 dólares en trabajos de presión en el país norteamericano. En realidad, hasta ahora, siempre había sido la otra gran empresa de tecnología china, ZTE Corp., la que había mostrado un mayor interés en el mercado estadounidense. Tanto es así que en 2018 invirtió en trabajos de presión en Estados Unidos 3,7 millones de dólares, y 1,4 millones en lo que va de año. Lo que está por ver es si ZTE seguirá los pasos de Huawei y volverá la espalda a la caprichosa administración Trump para orientar su mirada a la otra orilla del Atlántico.  
Los movimientos a escala internacional de Huawei, ZTE y el resto de las multinacionales chinas no son meras estrategias de mercado. También constituyen maniobras diplomáticas del Gobierno chino para estimular la economía del país dentro y fuera de sus fronteras. La autora del informe del CEO lo explica: “Los acuerdos de Huawei y el Gobierno chino dentro de la Belt and Road Iniciative son ligeramente diferentes a los realizados entre empresas y gobiernos de otros países. Huawei es una empresa privada, pero sabemos que en China las grandes corporaciones cuentan en su seno con comités del Partido Comunista, y no puedes llegar a ser una empresa de éxito sin contar con estas conexiones políticas”.
Resulta un tanto obscena la relación poliamorosa entre gobiernos y empresas cuando se trata de China y las instituciones europeas. Tanto las compañías de tecnología asiáticas como ambos gobiernos utilizan sin pudor firmas y grupos de presión para influirse los unos a los otros. Es el caso de la firma ChinaEu, en cuya web aseguran ser “una colaboración público-privada de alto nivel para la tecnología de la información y las comunicaciones, conectando a la comunidad empresarial de China y de la UE con las instituciones europeas y el Gobierno chino”. La firma tiene sede en Bruselas, a cuatro minutos a pie de la Comisión Europea para Cooperación y Desarrollo Internacional, y entre los socios inversores destaca uno: Tencent Holdings
Tencent es la creadora de WeChat, la red social y servicio de mensajería con más de 1.000 millones de usuarios en China, usuarios cuyos datos personales Tencent puso en manos del Gobierno en septiembre de 2018. Tencent no sólo ha sido acusada de montar el sistema de censura más amplio y complicado de la Historia a través de WeChat, sino que también ha sido la encargada, incentivada por el Gobierno chino, de montar el Social Credit System (Sistema de Créditos Sociales), un distópico sistema de puntos basado en el comportamiento de las personas, que premiará, o castigará, según el civismo que demuestren para con el Gobierno, el gasto mensual en compras o la “confianza”. 
Por su parte, el caso de Huawei es tan paradigmático que en el informe del CEO merece un capítulo aparte. La oficina central de la empresa en Europa se encuentra a 15 minutos de la sede en Bruselas del Parlamento Europeo, por supuesto no por mera coincidencia. Según relata la creadora del informe, “la empresa cuenta con asesores profesionales dentro del establishment europeo. Por ejemplo, contrató al ex jefe de la Oficina de Información del Gobierno británico, John Suffolk, como director de Ciberseguridad Global, y al ex comisario europeo francés Serge Abou, que pasó directamente a Huawei después de seis años como embajador de la UE en Beijing”. Los propios datos de la UE revelan que la empresa ha recibido, bien sea en forma de financiación pública desde la Comisión Europea, o en forma de financiación a nivel nacional por parte de Estados miembros, 2,9 millones de euros, aunque no se especifica el período.  
En los últimos cinco años, la filial de Huawei en Europa ha tenido 46 reuniones (las que se han podido confirmar) con altos cargos de la Comisión Europea. Los temas clave en las conversaciones son la privacidad y la ciberseguridad. Pero lo que está en juego es la credibilidad de la empresa y sus conexiones con el Gobierno chino. Y para esto está utilizando varias firmas de lobby a nivel europeo y nacional.  
En 2017, la empresa de tecnología contrató los servicios de la agencia belga Ogilvy Social Lab, especializada en relaciones públicas, en la cual invirtió entre 200.000 y 299.999 euros. Según su registro en el portal de transparencia de la UE, la firma se promociona como “expertos en proteger y mejorar la reputación global de empresas, marcas, organizaciones y gobiernos”. 
Durante el mismo año, Huawei contrató por entre 100.000 y 199.999 euros al bufete de abogados alemán Alber & Geiger, que, según el informe del CEO, “se enorgullece de traer a Bruselas el lobbying al estilo americano”. En la propia web de la agencia de lobby, afirman que su estrategia es la de “abordar a miembros clave del Parlamento Europeo en todos los comités relevantes y a lo largo de todo el espectro político”.
La autora del informe del CEO pone el acento en la colaboración de Huawei con España. En concreto, afirma que la empresa de tecnología firmó un memorándum de entendimiento (acuerdo de colaboración firmado por ambas partes que dispone acciones futuras en común) con el INCIBE (Instituto Nacional de Seguridad), que fue corroborado en el Mobile World Congress (Congreso Mundial del Móvil) en 2016. “Esto me resulta preocupante”, asegura la autora, “porque es el único acuerdo firmado en Europa (por Huawei) para cooperar en ciberseguridad con una agencia gubernamental”.  
En 2017, Huawei entró a formar parte de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la CEOE, y un año más tarde, en 2018, los gobiernos chinos y español llevaban de la mano a Telefónica y a Huawei para firmar un acuerdo bilateral de cooperación para desarrollar en España el 5G, la fibra óptica y otros servicios digitales. Nuestro país es, sin duda, un actor crucial en los planes tanto de Huawei para convertirse en el mentor europeo en ciberseguridad y tecnología 5G, como de China en su cruzada por retomar las antiguas rutas comerciales y económicas de la ruta de la seda y desbancar, así, a Estados Unidos del primer puesto en las economías del planeta.  
El acuerdo entre Huawei y el Gobierno español para “impulsar la ciberseguridad en España” choca en cuanto al objetivo. Y esto es porque, si bien no existe ninguna prueba de que Huawei haya hecho o hará un uso ilícito de datos o información, o de que haya cometido o esté cometiendo espionaje usando su tecnología, esta especulación no es en absoluto descabellada. Por no hablar del dudoso hecho de firmar un acuerdo para la fibra óptica y el 5G con un país que, por cuarto año consecutivo, fue catalogado como el peor país del mundo para la libertad en internet por la ONG independiente Freedom House. 
Como decíamos al principio de este texto, estos son planes diseñados a muy largo plazo, y en la mira del Gobierno chino están no sólo España y el resto de Europa, sino muchos países de la antigua Ruta de la Seda, Mongolia, Tayikistán, Arabia Saudí, Uzbekistán, Pakistán, Irán, Vietnam, Sri Lanka, Malasia, Indonesia, Laos, Turquía, Kenia, Egipto, Rusia y, al otro lado del océano, muchos de América Latina como Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, República Dominicana y por supuesto Venezuela y Cuba, con construcción de carreteras, vías de tren, puertos, aeropuertos y, en definitiva, todo tipo de infraestructuras donde todos los caminos converjan en China.

miércoles, 7 de agosto de 2019

Causas y efectos de la devaluación del peso colombiano y su incidencia en Venezuela.


 Por: Oscar Javier Forero

En Venezuela existe un creciente proceso de desmonetización, es decir de pérdida de uso en el signo monetario nacional, el bolívar. Las razones son varias pero principalmente podemos citar la hiperinflación, la escasez de billetes, los constantes cortes eléctricos y de internet, la alta incertidumbre y por supuesto la enorme volatilidad que se genera por dos causas especificas: la devaluación arbitraria de la moneda que hace que el dólar oficial del Banco Central de Venezuela esté obligadamente siguiéndole los pasos al dólar paralelo y no viceversa, y la propia inacción del banco, que aún cuando ha querido aplicar medidas de política monetaria y cambiaria terminan aisladas, convertidas en verdaderas islas, dada la intensidad de la crisis.
El proceso de desmonetización ha traído consigo, a modo de sustituto, el incremento en la circulación de algunas monedas que anteriormente lo hacían pero en menor medida, casos específicos como el dólar estadounidense (US$) que cubre casi la totalidad del país y el peso colombiano (COP) que transita libremente en el occidente, con especial acentuación en los estados fronterizos. Otro sustituto importante del bolívar han sido las monedas virtuales, principalmente bitcoin (BT) con la cual se hacen gigantescas y voluminosas transacciones a diario. En menor medida y particularmente en el sur-este del territorio nacional circula el oro como medio de intercambio comercial; mientras que de manera no generalizada pero en la amplitud de nuestra vasta geografía, algunas veces producto de procesos de organización popular y otras, obligados, por la apremiante necesidad, se efectúa la complementariedad a través del trueque.
El peso colombiano es hoy más aceptado en ciudades como San Cristóbal que el propio bolívar. En zonas como San Antonio o Ureña en el estado Táchira nuestro signo monetario ha quedado prácticamente desplazado en su totalidad lo que evidentemente representa un pérdida de soberanía que tardará muchos años en recobrarse. Esta sustitución de monedas no ha sido impedimento para el comercio informal que tiende a mutarse de acuerdo a los escenarios; desde hace un buen tiempo el contrabando de productos de primera necesidad desde Venezuela hacia Colombia ha desaparecido, aún sobreviven contadas excepciones en productos que pasan al otro lado de la frontera a granel y son empacados a pocos metros de la linea internacional como “producto colombiano”.
El grueso del contrabando se da ahora desde Colombia hacia Venezuela, a diario miles de ciudadanos no solo del occidente del país, sino de la región capital y hasta del oriente venezolano, calculados en torno a las 50.000 de personas en promedio, cruzan los puentes internacionales en búsqueda de una mayor oferta de productos a precios generalmente más económicos (todo depende del valor de transa del peso con respecto al bolívar).
Precisamente este valor de transa de pesos a bolívares se efectúa a través de la división del valor del dólar en Colombia y el valor del dólar en Venezuela, como el dólar en nuestro país es altamente volátil la relación coloca en un estado de fortaleza al peso con respecto al bolívar.
No obstante en los últimos días el peso colombiano ha venido depreciándose a valores históricos, lo que sin duda alguna traerá implicaciones para los precios no solo del lado colombiano sino también para los precios de los bienes, especialmente de primera necesidad, del lado venezolano. A pesar de que el COP es parte de las monedas más baratas o depreciadas del mundo, junto a un grupo de economías de la periferia (incluyendo Venezuela), es también justo reconocer que en los últimos años había venido gozando de una destacada estabilidad.
Entre 2015 y 2018 el valor promedio anualizado del dólar con respecto al peso varió tan solo + 7,8%, otras monedas latinoamericanas variaron en el mismo período muy por encima de éste valor, así tenemos al peso mexicano + 21,28%, el real brasileño + 10,21%, el peso uruguayo + 12,96% y el peso argentino + 309%. Solo a modo de entender el por qué el bolívar pierde constantemente terreno incluso en su propia casa y con monedas consideradas baratas a nivel mundial (como el caso del peso), durante 2015 y 2018 la variación entre el dólar y nuestro signo monetario fue de 2,83 millones por ciento.
En las últimas dos semanas ha habido una importante devaluación del COP, llegando el dólar a valorizarse con respecto a éste en + 7,98%, lo que evidencia una variación mayor que la registrada durante el período 2015-2018. Esta situación para nada normal en una economía que ha sabido mantener estabilizada la divisa norteamericana en un rango que oscila entre los 2900 y 3200 pesos por dólar, tiene como principal impulsor la llamada guerra comercial entre Estados Unidos y China. Este acrecentado proteccionismo norteamericano realmente representa una guerra por la hegemonía de los tradicionales Estados-Naciones que conocemos: por un lado la administración Trump tratando de recuperar terreno perdido, cosa que difícilmente conseguirá, y por otro China que desde hace años comienza a desplazar en la supremacía a Washington. Pero, ni lo uno ni lo otro, el mundo que tenemos a la vuelta de la esquina no tendrá supremacía de Estados sino de Corporaciones, para muestra véase a gigantes como Google, solo que esto ya es harina de otro costal.
A pesar que el gobierno colombiano esperaba un incremento en las exportaciones producto de las medidas arancelarias de Trump contra China esto no ha sido así, los últimos reportes oficiales de la Casa de Nariño hablan de caídas en el nivel de exportaciones lo que ha conducido a abaratar la moneda. Más recientemente la Reserva Federal de los EEUU, abiertamente presionada por Trump, decidió bajar por primera vez, desde 2008, las tasas de interés, lo que evidencia un intento por mejorar el aparato productivo, cosa que ha sido respondida inmediatamente por China devaluando el yen y empujando hacia abajo a las monedas de las economías emergentes y de la periferia. Sobre este asunto es importante entender que tanto los unos como los otros (es decir las economías emergentes y la periferia) son peones, con muy poca soberanía, dentro del aparataje mundial.
Esta disminución de la tasa de interés de 2,5 a 2,25% podría conducir a los Estados Unidos, en un intento desesperado por contener a China, a buscar el llamado interés negativo, cosa que aunque pareciese absurda para el común de la población, puesto que implica invertir los papeles (el prestamista le debe pagar intereses al prestatario), ha sido ampliamente usado en países altamente endeudados como Japón y en economías que buscan incentivar a como dé lugar la producción como Alemania, es tal la tendencia que por lo menos 13 billones de dólares (13.000.000.000.000) en bonos, lo que equivale a más del 60% del PIB de los Estados Unidos, se encuentra en este momento con rentabilidades por debajo de cero.
A primera vista la devaluación del peso significaría la revaluación del bolívar, si recordamos que la formula usada para el cálculo del valor de transa entre uno y otro es el costo del dólar en pesos (COP) entre el costo del dólar en bolívares (VEF), es decir:

US$ (Cop) / US$ (Vef)


Se podría llegar fácilmente a esa aseveración. Sin embargo, esto no ha sido así. Como ya dijimos, el dólar en Colombia ha incrementado su valor en las últimas dos semanas en + 7,98%, solo que en ese mismo período el dólar en Venezuela ha aumentado + 24,76%, el retroceso del bolívar frente al peso y el dólar ha continuado, solo que el peso también ha retrocedido, pero en menor medida, ante el dólar.
Esta situación de depreciación del peso colombiano incrementará los niveles de inflación para 2019, estimados por el gobierno de Iván Duque en 3%. En una economía como la colombiana, que en los últimos años ha sabido controlar las variables macroeconómicas la inflación comienza a preocupar puesto que el acumulado en la variación de precios desde enero hasta julio ya superó la barrera de los 3 puntos porcentuales y afecta con especial saña a las clases más desfavorecidas.
El incremento de precios en Colombia también golpeará el bolsillo de los venezolanos, antes de julio ya había un repunte importante en los precios de productos de primera necesidad como arroz, harina y azúcar que gozan de amplia demanda dentro de los miles de venezolanos que bien sea acuden directamente a territorio colombiano a efectuar sus compras o simplemente adquieren estos productos dentro de nuestro país no solo en ciudades del occidente sino hasta en la propia capital a revendedores informales o “bachaqueros”. La misma situación ocurrió con quienes prefieren, por la variedad y precios competitivos, comprar repuestos para los vehículos o aparatos tecnológicos en ciudades como Cúcuta.
Así pues, ante la revaluación del dólar y la caída en el peso y el bolívar, el consumidor venezolano seguirá tratando de surfear el incremento de precios, esta vez no solo evidenciará el aumento en los productos nacionales sino que también estará aprisionado por la subida en los productos traídos desde Colombia.
Si desde nuestro país se supiera sacar provecho a “desventajas” como el tener una moneda hiperdevaluada y unos costos operativos muy por debajo de los promedios de la región, otro gallo cantaría. Lamentablemente el bloqueo internacional que trata de asfixiarnos, el saboteo interno, la indiferencia, la improvisación y la falta de claridad política marchan a un paso mucho más acelerado que los aislados intentos por superar la crisis.

Oscar Javier Forero
@Oscar_forero83

lunes, 25 de febrero de 2019

Venezuela resiste, tras cuatro años de sanciones estadounidenses

02. Trump

Profesora Aymara Gerdel

“6 Órdenes Ejecutivas, 77 sanciones individuales y 32 sanciones a entidades no han sido suficiente para imponer un nuevo orden político, económico, social y militar en Venezuela”

Luego de los atentados del 11 de septiembre del 2001, la Administración Bush logró la aprobación en el Congreso Estadounidense de la Ley Patriota[1], esta ley sentó las bases jurídicas para desarrollar guerras preventivas y declarar a escala global “la guerra total al terrorismo”. La Ley Patriota es un instrumento jurídico de carácter extraterritorial, que ha permitido extender a otros países la aplicación de las leyes estadounidenses.

El reconocido escritor Thierry Meyssan, ha denunciado que “Desde el año 2001, el Tesoro estadounidense se ha convertido en una potencia política que trabaja en coordinación con el Pentágono. El Tesoro se ha dotado, en efecto, de poderes sorprendentes mediante la creación de una jurisprudencia que permite extender a otros países la aplicación de las leyes de EEUU bajo el pretexto de que ciertas transacciones internacionales se efectúan en dólares estadounidenses[2]”.
El Departamento del Tesoro Estadounidense cuenta con un Agencia de Inteligencia Financiera encargada de planificar y ejecutar sanciones económicas y comerciales en apoyo a los objetivos de seguridad nacional y de política exterior de Estados Unidos, denominada Oficina de Control de Activos Estadounidense (OFAC).

La OFAC puede sancionar a Individuos, Entidades, Barcos y Aeronaves designados o identificados en listas derivadas de programas asociados a Leyes, Reglamentos y Órdenes Ejecutivas. Según la OFAC las Sanciones son consecuencia o efecto de una conducta que amenaza la política exterior y los objetivos de seguridad nacional de EEUU y son utilizadas para “prevenir” que los países, entidades e individuos utilicen el sistema financiero estadounidense para propósitos que van en contra de la política de EE.UU. y sus objetivos de seguridad nacional.

Bajo este andamiaje sustentado en la Ley Patriota, y con el pretexto de luchar contra el terrorismo mediante ataques preventivos que amenacen la Seguridad Nacional del país norteamericano ha desarrollado un acabado sistema de presiones que pretende imponer un orden político, económico, militar y social en América y el mundo.  Entre los países sancionados por la OFAC a la fecha destacan: Belarús, Irán, Burundi, Rusia, Cuba, Siria, Libia, Nicaragua, Corea del Norte, el Líbano, Liberia, Somalia, Sudan, Ucrania, Yemen y Zimbabue[3]. Todos países con abundantes recursos energéticos, y víctimas de intervenciones militares y golpes de estado con participación estadounidense.

Seis Órdenes Ejecutivas[4]
 
01. Obama
El próximo 8 de marzo se cumplirán 4 años desde que el expresidente estadounidense Barack Obama emitió la Orden Ejecutiva 13.692 y declaró a su país en emergencia nacional, respecto de la amenaza inusual y extraordinaria que representa la situación en Venezuela[5] a su seguridad nacional y su política exterior. Posteriormente la Administración Trump ha emitido cinco órdenes ejecutivas adicionales, sancionando a 77 individuos, 32 entidades y dos embarcaciones.

La primera orden ejecutiva promulgada por la Administración Trump fue emitida el 24 de agosto del año 2017 (Orden Ejecutiva 13.808), la cual sanciona a la estatal petrolera Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) afectando la emisión de nueva deuda y el traspaso o negociación de deuda antigua en Estados Unidos, también prohíbe el pago de dividendos y operaciones capital asociadas a CITGO.


El 19 de marzo del año 2018 el presidente Trump mediante la Orden Ejecutiva 13.827, prohíbe las transacciones con cualquier moneda digital o ficha digital venezolana (EEUU prohíbe transar con Petros) a toda persona o entidad estadounidense, las órdenes ejecutivas también se prohíben cualquier intento o forma de evasión de las mismas. Posteriormente, emite cuatro sanciones individuales dirigidas a funcionarios del estado venezolano argumentando en ella “mala gestión económica y corrupción”.

Seguidamente, luego de celebrarse las elecciones presidenciales en Venezuela (resultando reelecto el Presidente Nicolás Maduro), Washington emite nuevas sanciones mediante la Orden Ejecutiva 13.835, de fecha 21 de mayo del año 2018, en esta oportunidad las sanciones prohíben la venta de deuda y activos públicos en territorio estadounidense.

En Septiembre del 2018, EEUU también aplica sanciones a personas físicas y jurídicas (entidades), entre los individuos sancionados destacan: el Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López y la Vicepresidente Ejecutiva Delcy Rodríguez, entre otros altos funcionarios del Gobierno Bolivariano.

Posteriormente, el 01 de noviembre del año 2018 mediante la Orden Ejecutiva 13.850, Washington sanciona el sector aurífero de la economía venezolana y engrosa la lista de altos funcionarios del Gobierno venezolano sancionados.

La más reciente orden ejecutiva fue emitida el 28 de enero del año 2019 (Orden Ejecutiva 13.857), en ella se establecen más sanciones a PDVSA, en esta oportunidad las sanciones bloquearían 7.000 millones de dólares en activos de la estatal petrolera en adición a una perdida estimada de 11.000 millones de dólares en sus exportaciones durante los próximos años. Sumado a lo anterior, el Departamento de Estado certificó al Diputado Guaidó “para recibir y controlar bienes” provenientes de cuentas bancarias a nombre del Gobierno Venezolano y del Banco Central, abiertas en instituciones financieras ubicadas en Estados Unidos.

77 Sanciones Individuales[6]
 
La Orden Ejecutiva 13.692 también conocida como “Programa Venezuela”, generó el marco jurídico para aplicar 77 sanciones individuales de las 90 sanciones impuestas por la OFAC a ciudadanos Venezolanos durante los últimos cuatro años[7]. Es decir que el 85% del total de las sanciones derivan del mencionado programa.

Cabe destacar que el 79% de los sancionados por la OFAC a través del  “Programa Venezuela” son dirigidas a hombres, asimismo el 58% de los sancionados desempeñan cargos de alto Gobierno asociados al Poder Ejecutivo y el 36% son miembros activos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en consecuencia vinculados al sector Seguridad y Defensa.

El escritor venezolano José Negrón, recientemente denunció una serie de operaciones encubiertas dirigidas por Gina Haspel (Oficial de Inteligencia de EEUU y actual Directora de la CIA) desde el Pentágono para intentar quebrar la voluntad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Negrón afirma: “Su objetivo es organizar y alimentar un ejército paralelo que se está preparando desde Colombia[8]” para una posible intervención militar en Venezuela.

04. Gina

Lo cierto es que el “Programa Venezuela” ha establecido “presuntas sanciones” de forma selectiva a funcionarios con altos cargos que desempeñan responsabilidades estratégicas en materia de Seguridad y Defensa. Buscando quebrar la unidad de la FANB y del pueblo Venezolano que sigue respaldando al proyecto Bolivariano. En respuesta a estas acciones, la FANB emitió la siguiente declaración:

El Ministro de Defensa de Venezuela Vladimir Padrino López, rechazó las sanciones impuestas por Washington calificándolas de injerencistas: “Que lo sepa el mundo entero y muy especialmente el imperio norteamericano, con sus aliados internos y externos, no nos intimidaran con sanciones  de ninguna naturaleza[9]”. 

Desde que Barack Obama emitió la Orden Ejecutiva 13.692 hasta la actualidad, la OFAC a través del Programa Venezuela ha “sancionado” a los siguientes cargos: Ministro de la Defensa (PADRINO LÓPEZ, Vladimir), Ministro de Relaciones Interiores y Justicia (REVEROL TORRES, Néstor Luis), Ministro de Estado para la Nueva Frontera de la Paz (IZQUIERDO TORRES, Gerardo), Comandante General del Ejercito Bolivariano (SUAREZ CHOURIO, Jesús Rafael), Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana (RIVERO MARCANO, Sergio José).

Asimismo la OFAC en tres (03) oportunidades en los últimos cuatro años ha sancionado a funcionarios que han estado al frente de la Dirección General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), se trata de los funcionarios (BERNAL MARTINEZ, Manuel Gregorio; GONZALEZ LOPEZ, Gustavo Enrique y CRISTOPHER  FIGUERA, Manuel Ricardo). Además, de sancionar al Primer Comisionado del SEBIN (RODRIGUEZ MUCURA, Hildemaro José) presuntamente por “reprimir la democracia y cometer fraude contra personas”.

De igual forma la OFAC ordenó sanciones en tres (03) oportunidades a funcionarios que han ocupado el cargo de Director General de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) señalando a: (PEREZ URDANETA, Manuel Eduardo; PEREZ AMPUEDA, Carlos Alfredo y GARCIA DUQUE, Franklin Horacio), todos oficiales de la FANB. Además de apuntar a la lista al Director de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y al Comandante de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela: (BASTARDO MENDOZA, Rafael Enrique y HERNANDEZ DALA, Iván Rafael), respectivamente.

Curiosamente, el Tesoro de EEUU a través de su oficina de inteligencia financiera ha sancionado a tres (03) jefes de las Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) del país Bolivariano, (02) dos de la Región Central y uno de la Región Andina. Asimismo, se ha incluido al Comandante de la Zona Operacional de Defensa Integral de la región capital en la lista de sancionados. Todos oficiales activos de la FANB.

Al parecer, el Departamento del Tesoro Estadounidense considera una amenaza los objetivos de seguridad nacional y de política exterior de Estados Unidos al alto mando militar y a las fuerzas de orden público del Estado venezolano.

Por otro lado, la OFAC ha sancionado a los cinco (05) rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), dos (02) Ministros de Comunicación e Información (VILLEGAS POLJAK, Ernesto Emilio y RODRIGUEZ GOMEZ, Jorge Jesús), diez (10) altos funcionarios del Poder Judicial (predominantemente vinculados a la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)) y entre ellos el Presidente del TSJ (MORENO PEREZ, Maikel José). Además del Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela (SAAB HALABI, Tarek William).

Igualmente, fueron sancionados el Presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela (MADURO MOROS, Nicolás), y en dos (02) oportunidades los dos últimos vicepresidentes (EL AISSAMI MADDAH, Tareck Zaidan y RODRÍGUEZ GÓMEZ, Delcy Eloína), así como nueve (09) constituyentitas, entre ellos (CABELLO RONDON, Diosdado) también Vice-Presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), entre otros.

Lo antes expuesto evidencia que las sanciones son principalmente dirigidas al cargo que ocupan los funcionarios en ejercicio, es decir, son sanciones selectivas dirigidas no hacia al individuo sino al cargo que ocupan con el objetivo erosionar las bases del Estado venezolano y promover su desintegración.

6 Órdenes Ejecutivas, 77 sanciones individuales y 32 sanciones a entidades no han sido suficiente para imponer un nuevo orden político, económico, social y militar en Venezuela.
07. Yankee go Home

Tras cuatro años de Sanciones Estadounidenses Venezuela resiste y sigue buscando alternativas ante la crisis. Revisar los casos de países sancionados como Irán, Cuba o Corea del Norte quienes han logrado sobrellevar las sanciones de EE.UU por décadas es vital para la experiencia venezolana, además de motorizar los esquemas de cooperación Sur-Sur, y profundizar las alianzas con China y Rusia que promueven un mundo multipolar, representan hoy una alternativa ante la hostilidad externa que asedia a Venezuela.

 “”El fin del socialismo llegó a nuestro hemisferio”, dijo Trump, durante su discurso en la Universidad de la Florida, el pasado 18 de febrero[10]”, en él hizo referencia a Cuba, Nicaragua y Venezuela, países incluidos en la denominada “Troika de la Tiranía” por su Asesor de Seguridad Nacional John Bolton. Cuba ha soportado casi sesenta años de bloqueo económico y sanciones, Venezuela lleva cuatro años resistiendo el ciclo de sanciones estadounidenses y una probable intervención militar, y Nicaragua pronto será denominada como “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de EEUU” con la promoción de una inminente ley sancionatoria denominada Ley NicAct. Estos tres países son los principales promotores de la integración latinoamericana y caribeña.

Cada presidente estadounidense se ha destacado por tener en su haber una guerra, intervención militar y/o golpe militar. ¿Será América Latina y el Caribe el escenario de guerra del Gobierno de Donald Trump?



[1] (Pub. L.N° 107-56, 115 Stat. 272)
[7] La OFAC también sancionó a dos individuos por el programa SDNTK[7](Sanciones Extraordinarias al Narcotráfico en el extranjero) y dos aeronaves de bandera venezolana. Los individuos, entidades, y aeronaves mencionados están reseñados en la lista SDN (Specially Designated Nationals) de la OFAC.